Las razones para la desconfianza abundan. Ya en 2019 se impidió la participación de Thelma Aldana mediante procesos espurios en su contra. Se manipuló a la Contraloría desde el Congreso por parte de diputados corruptos, se utilizó de forma burda al Ministerio Público y se echó a andar un mecanismo bien aceitado para impedir que una figura adversa al sistema pudiera presentarse a las urnas.
Por eso la denuncia que ha hecho Thelma Cabrera, ex candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), al final de esta semana, despierta inquietud. El Tribunal Supremo Electoral la amonesta porque su cuenta de Twitter ha replicado mensajes críticos hacia el sistema privado de distribución de energía eléctrica y ha expresado opiniones en materia de derechos humanos. La advertencia es clara: puede quedar fuera del proceso electoral. En cambio, a Miguel Martínez, futuro candidato a diputado del partido oficial Vamos, que desarrolla mitines y actos proselitistas de tarima, no se le dice una palabra. El pre candidato presidencial oficialista también anda en campaña sin que las autoridades digan pío.
El temor, no sin fundamento, es que el sistema de instituciones cooptadas (desde el Ministerio Público hasta la Corte de Constitucionalidad) a favor del régimen de corrupción y riqueza rápida para los gobernantes excluya a quienes considere un riesgo para su sobrevivencia. Y que sólo permita que sus actuales protagonistas y aliados compitan por el poder. Esto es hacer poco más o menos lo mismo que hace Daniel Ortega en Nicaragua aunque sin la salvajada de llevar a la cárcel a los opositores. Nomás prohibirles participar.
El gobierno y sus aliados de derecha cuentan con fondos nacionales para hacer campaña gracias al financiamiento de obra pública vía los Consejos Departamentales de Desarrollo. Cuentan además con el control del sistema judicial, la complicidad del MP para mantener impunes sus andanzas y para en cambio perseguir penalmente a sus adversarios. También cuenta con la ayuda del Tribunal Supremo Electoral para excluir a los indeseables.
Así, las elecciones guatemaltecas están muy lejos de poderse considerar democráticas. Y todavía hay quien se pregunte por qué, cerca de dos millones de guatemaltecos jóvenes, se muestran inapetentes frente al proceso electoral. Ni siquiera intentan registrarse como votantes.
Thelma Cabrera podrá ser mal vista por el sistema gobernante, pero el movimiento social del cual proviene (el Comité de Desarrollo Campesino, Codeca) ha seguido las pautas del régimen político electoral. Organizó un partido político según la ley vigente, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y desarrolló una exitosa aunque pobremente financiada campaña electoral en 2019. La candidata quedó en la cuarta posición a nivel nacional, pero en 43 municipios de los 340 que conforman el país, quedó de primera. Quedó segunda en 56 municipios más. Se trata de municipios, excepto dos, con mayoría de población indígena. Su partido mantiene una actividad constante de discusión y formación con sus bases políticas. Y aunque su discurso es abiertamente anti sistema, pues propone convocar a una Asamblea Plurinacional Constituyente, nada en la actual Constitución les impide desarrollar sus actividades y participar de forma democrática en las elecciones. La población tiene derecho a elegir.
Su única diputada al Congreso se hizo célebre muy pronto al rechazar la comida pagada con fondos públicos para los diputados que sus colegas de partidos convencionales defienden como una conquista suya irrenunciable. Desfinancian la lucha contra la desnutrición crónica pero exigen que el contribuyente les dé de comer a la carta.
A estos diputados y a sus financistas y amigos les convendría mucho que el MLP no participe en las siguientes elecciones. El TSE lo sabe y actúa en consecuencia.