La administración del ministro Josué Edmundo Lemus ha cerrado 910 negocios en construcción de obra pública desde que se estrenó el gobierno de Alejandro Giammattei. Una rápida revisión a los 48 concursos del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) durante el último mes -26 de septiembre al 26 de octubre- revela que los contratos más onerosos están concedidos a empresas investigadas por corrupción.
Dos constructoras están vinculadas a Jaime Ramón Aparicio Mejía, quién fue enviado a juicio por el caso Construcción y Corrupción. Una tercera es investigada por el caso Asalto al Ministerio de Salud.
En total, el Micivi ha adjudicado Q626.8 millones, de los cuales el 93.6% se concedieron en 8 compras del Fondo Social de Solidaridad (FSS).
El otro 6% se destinó, en su orden para:
El FSS realizó 8 compras en el último mes, todas son continuidad a contratos establecidos, en seguimiento a ejecución o supervisión de obra pública. Algunos contratistas son viejos conocidos.
Opción Técnica S. A., por ejemplo, recibió Q57.2 millones. Esta compañía es investigada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por adjudicación de proyectos en el caso de corrupción, Asalto al Ministerio de Salud.
La empresa Servicios Calificados de la Construcción recibió Q266.6 millones por dicha cartera. Asimismo, la constructora Jireh cobró este mes Q87.6 millones. Ambas sociedades están vinculadas al caso Construcción y Corrupción. Sólo hace una semana, el 22 de octubre, Jaime Ramón Aparicio Mejía, fue enviado a juicio por la entrega de dádivas de Q8.2 millones. Aparicio es acusado de canalizar los sobornos de la Constructora Jireh y Servicios Calificados de Construcción mediante la Constructora Benelli.
Otros contratistas que fueron beneficiados este mes: Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorías SA. La empresa recibió Q138.8 millones. Desde 2007, la sociedad ha cobrado Q1.3 millardos en este ministerio y el Fideicomiso Fondo social de Solidaridad.
Estuardo Enrique Escobar Matheu también recibió un contrato por Q4.5 millones. Su familia tiene vínculos con un caso de corrupción.
