Los vecinos de Comitancillo, San Marcos, están indignados y amenazan con protestas. Desde el domingo empezaron a recolectar firmas para que los 10 capturados el viernes, en aquella localidad, sean liberados. El Ministerio Público (MP) acusa a Ramiro Coronado, exalcalde del lugar entre 2012-2016, y a su hermano Diego Coronado junto a otros 5 familiares de integrar un grupo dedicado al tráfico de personas y ser además responsables de llevar a la muerte a 15 migrantes de la localidad directo a la muerte: es el grupo de viajeros que fue asesinado en Tamaulipas, México, incluido el líder del viaje, sobrino del exjefe edil.

Los investigadores acusan a 7 integrantes de la familia Coronado entre las 15 personas buscadas. El exjefe edil, sospechoso de liderar al grupo, y otros familiares están prófugos. La fiscalía sospecha que combinaban la gestión pública con el tráfico de personas.

Pero los comunitarios alegan que ellos no son delincuentes y que solo ayudan a la prosperidad del lugar y piden su liberación. Mario Aguilón, párroco de Comitancillo:

El pueblo está sentido por la forma en que los han tratado: que ellos son una banda criminal y no es cierto. Yo estoy de acuerdo en que sí hay coyotaje, pero no son causantes de criminalidad, sino que es gente que está luchando con la vida; y la gente aquí no están de acuerdo con lo que han hecho y están recaudando firmas, pidiendo ayuda.

Los familiares de los aprehendidos han llegado a tocar la puerta de la casa parroquial para solicitar cartas de recomendación que aboguen a favor de estas hombres y mujeres:

Yo le digo: les voy a dar, pero si hay otras cosas que han hecho yo no me meto, pero yo estoy para apoyarlos.

El padre calcula que 7 de cada 10 vecinos de Comitancillo, tienen un familiar en los Estados Unidos y eso incentiva la migración. Pero hay otros factores, Mynor Hernández, un migrante que regresó luego de 10 años ese lugar, señala falta de oportunidades, una de las causas que a él lo obligaron a irse:

 El culpable de todo esto es el Gobierno, por la falta de oportunidades, aquí cada año se gradúan unos 600 jóvenes, pero todos van a los Estados Unidos porque se quedan sin empleo.

Este migrante retornado confirma que hay malestar ciudadano por las aprehensiones:

Ellos rechazan las capturas, porque hay que decirlo: el municipio se ha desarrollado por el tema de la migración.

Los papás de los migrantes fallecidos optan por no opinar del tema. Como la señora Angela López, mamá de Marvin Tomas López, un bachiller en educación de 22 años que perdió la vida:

“Por el momento no puedo responder porque no tengo mayor información sobre eso”.

Álvaro Miranda, papá de Osmar Miranda, un joven de 19 años y con sexto primaria, víctima de la masacre, lo deja en manos de la justicia:

“Ya perdimos a nuestros hijos y nosotros desde el año pasado lo aceptamos y ahora ya está en manos de la ley. Nosotros ya no podemos hacer nada”.

Hasta ahora han sido capturados 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales de México, acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad. Herramientas de geolocalización y teléfonos celulares ubican a los agentes en el lugar de la masacre y los testimonios de tres testigos apuntan a que fueron ellos quienes mataron a los migrantes.