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La criminalización aún tiene espacio en el Ministerio Público (MP) de Gabriel García Luna, elegido como fiscal general en mayo de este año por el presidente Bernardo Arévalo. Ayer, el Tribunal Noveno de Sentencia absolvió a Sergio Morataya y Heizel Morales en el caso por la ocupación del Paraninfo Universitario, al no encontrar pruebas. Pero, en la misma audiencia, la fiscal Silvia Rodríguez pidió seis años de prisión contra Morataya y Morales. Juan Castro, defensor de los estudiantes:
«Todavía falta una instrucción especial del fiscal general para que los fiscales que tienen a cargo los casos de criminalización revisen si estos procesos tienen investigaciones objetivas o son meros actos de persecución política».
La fiscal solicitó la pena máxima y Castro apunta: «Ella es de reciente traslado a esta fiscalía y no fue la que armó la investigación. Está cumpliendo con una función». No obstante, señala:
«Dentro de toda la estructura del Ministerio Público quedan todavía fiscales que responden a otros intereses».
Lo mismo recriminan fiscales de carrera que tuvieron a su cargo investigaciones de corrupción de gran calado en la gestión de Thelma Aldana y que sus roles se invirtieron con Consuelo Porras y pasaron de ser acusadores a acusados. El suspendido auxiliar fiscal Contra la Corrupción, Eduardo Pantaleón, desveló esquemas de corrupción en la gestión del expresidente Jimmy Morales.
El 5 de mayo de 2022 fue detenido dentro de las oficinas del MP a petición de la Fiscalía de Asuntos Internos y señalado de incumplimiento de deberes en el caso del Libramiento de Chimaltenango. A través de chat, Pantaleón nos dice:
«Varios de nosotros participamos en investigaciones de corrupción que involucraron a funcionarios de alto nivel y estructuras vinculadas al poder político. Esta coincidencia no puede pasar inadvertida y exige determinar si las acciones penales promovidas en nuestra contra responden a investigaciones objetivas… Hasta el momento, no se advierten cambios sustanciales en el funcionamiento de la Fiscalía de Asuntos Internos. Por el contrario, la continuidad de actuaciones que han sido seriamente cuestionadas, como lo ocurrido en uno de los procesos que enfrenta Stuardo Campo, evidencia la necesidad de revisar los criterios bajo los cuales se están conduciendo determinadas investigaciones».
El martes, Jorge Luis Cortés Rosales, de la Fiscalía de Asuntos Internos, se opuso a modificar las medidas sustitutivas de Campo en el caso Alfa7 y argumentó peligro de fuga. El exfiscal anticorrupción ha sido procesado en tres casos por incumplimiento de deberes y denegación de justicia (Alfa7, Libramiento de Chimaltenango y Zolic). La posición del martes del MP lo mantuvo en prisión.
Cortés Rosales es un cuadro de Consuelo Porras, fue destituido en septiembre, pero el coordinador de los fiscales frenó su remoción.
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Siomara Sosa, exjefa de la Fiscalía de Asuntos Internos y exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI): «El mismo MP pareciera que lo está condenando en los otros dos expedientes».
Pantaleón advierte: «No buscamos amnistías, privilegios ni mecanismos que nos coloquen por encima de la ley. Reclamamos que los procesos sean sometidos a un examen independiente».
Sosa: «Si bien es cierto que ha destituido a algunos fiscales, también es cierto que continúan los que han hecho la persecución. El fiscal Cortés está a cargo de los expedientes actualmente y continúa con la misma línea». «En la conferencia de prensa que dio al inicio, García Luna dijo que uno de sus objetivos iba a ser revisar estos casos de criminalización, pero se quedó en retórica y no lo manifestó en una instrucción directa, porque si los fiscales han iniciado una investigación y no tienen un respaldo de ya no continuar con instrucciones anteriores, no se pueden respaldar en los procesos».
El abogado Castro comparte: «Ellos hacen su trabajo porque no sé cuál es la forma en que los evalúan o consideran que están cumpliendo con estadísticas».
ConCriterio solicitó una postura al MP, pero no respondió.