En el MP se come lomito a la pimienta y carne cordon bleu
"Prácticamente los órganos de control ya no existen en el país, todas las instituciones están con manos sueltas para hacer cualquier tipo de contratación, no hay quién las reprenda y quien les llame la atención y eso ha motivado una ola de compras y de opacidad".
Publicado el 27 Jun 2024

En el MP se come lomito a la pimienta y carne cordon bleu

"Prácticamente los órganos de control ya no existen en el país, todas las instituciones están con manos sueltas para hacer cualquier tipo de contratación, no hay quién las reprenda y quien les llame la atención y eso ha motivado una ola de compras y de opacidad".

Escuche la nota aquí: 

 

El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, requiere los cortes más costos de carnes para sus actividades. De acuerdo con el registro de sus gastos, los eventos de cotización y licitación, carecen de justificación y el requerimiento de los productos es directo, sin mayores explicaciones. Las compras se fraccionan en apariencia para llegar al límite de los Q90 mil permitidos por la ley de Compras sin requerir una cotización. Muchos son consideradas compras de baja cuantía.

En abril, el Ministerio Público pagó Q89 mil 225, por 860 almuerzos y 430 refacciones. Fueron servidos en San Juan Sacatepéquez, los días 25 y 26 de abril. Cada almuerzo debía incluir: un plato de carne Cordon Bleu, arroz horneado, vegetales salteados, coctel de frutas, entre otras cosas. El almuerzo del día dos incluyó lomito a la pimienta y para la refacción: 430 unidades de pan chapata con pollo al pesto.

Para la presentación del segundo informe de labores del MP, en mayo de este año, la entidad fraccionó los eventos: realizó dos licitaciones por Q90 mil, para alquiler de salones y alimentación. El evento se llevó a cabo en el Hotel Casa Santo Domingo. En abril hay un tercer evento la contratación de alimentos por Q90 mil, cuyas bases tampoco son explícitas. No sabe a , a cuántas personas se sirvió ni qué tipo de alimentos.

ConCriterio solicitó entrevista y explicaciones a Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, pero no atendió la solicitud.

En la pasada legislatura Vicenta Jerónimo, la única diputada que logró el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), marcó un precedente cuando rechazó los privilegios históricos de la curul, como que el Legislativo le pagara los almuerzos de los diputados, un segur médico privado y teléfono celular. Eduardo Miranda, excandidato a diputado por este partido político nos dice sobre este tipo de gastos en los que incurren las instituciones: 

“Es más inmoral que ilegal, pero porque no existe un criterio manejado del uso efectivo de los recursos públicos. No hay una política de austeridad en la que se garantice el uso correcto de los recursos; entonces, mientras no haya un ordenamiento, va a hacer muy complicado, sea el gobierno que sea”.

 Este político considera que este tipo de compras y contrataciones significan una fuga de capital para el Estado.

Nos imaginamos que existe un 40% de despilfarro de los recursos del país. Pero el sistema está diseñado para funcionar como está y está muy relacionado con el tema de partidos políticos.

Otro evento fraccionado en el MP, es el de la compra de 86 colchones ortopédicos, para uso de personal de distintas sedes. Hay dos eventos que se adjudicaron el mismo día, uno por Q28 mil 050 y otro por Q46 mil 280.

Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana, una organización de control del gasto público:

Como prácticamente los órganos de control ya no existen en el país, todas las instituciones están con manos sueltas para hacer cualquier tipo de contratación, no hay quién las reprenda y quien les llame la atención y eso ha motivado una ola de compras y de opacidad. Cuando un país no tiene orden de control y más bien se suman al gasto discrecional, pues tenemos una fiesta de corrupción e impunidad.

Marroquín reprocha que ante la fiscalización ciudadana, las instituciones cierren una a una, en efecto dominó de opacidad, sus informaciones, las cuales de acuerdo con la ley no deberían ser reservadas; como lo hizo a inicios de esta semana la Corte de Constitucionalidad en referencia a la seguridad de los magistrados y posteriormente la Contraloría General de Cuentas. Ambas instituciones restringieron información pública por 7 años.

 

Henry Bin

Periodista

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