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Estuardo Campo, es un antiguo fiscal anticorrupción con 12 años de carrera en el Ministerio Público (MP), a quien la gestión de Consuelo Porras, Fiscal General, persigue por supuesto incumplimiento de deberes en dos causas. Campo, en cambio, sostiene: “esta es una persecución política y judicial por haberme negado a obedecer órdenes ilegales…no haber protegido a los integrantes de este pacto de corruptos y haberlos enfrentado desde la Fiscalía Contra la Corrupción.

Campo fue puesto tras las rejas por primera vez en mayo de 2023, en agosto de ese año un juez le otorgó arresto domiciliario y autorizó al fiscal usar tobillera electrónica para que el Sistema Penitenciario (SP), lo controlara. No obstante, pese al seguimiento a través del dispositivo, en diciembre fue capturado por una segunda causa y desde esa fecha guarda prisión.

Campo fue quien procesó el caso de corrupción en el Libramiento de Chimaltenango, la “megaobra”, de la que se ufanó el expresidente Jimmy Morales. También persiguió el desvió de Q30 millones de la pandemia para las empresas del exdiputado Jorge García Silva, vía el INSIVUMEH o las plazas fantasmas en el Instituto de la Víctima, casos que o han sido cerrados o ya no avanzaron cuando lo removieron de esa fiscalía. Este fiscal, no solo lleva más de seis meses en un penal: debe pagar al sistema Q1 mil mensuales en una talacha, por dormir en un lugar más o menos digno: un toldo improvisado, en la cárcel Mariscal Zavala, en donde además, se hacen otros cobros: visitas, ingresos de alimentos y otros artículos.

Exfiscal Stuardo Campo

ConCriterio intentó hablar con abogados y familiares del fiscal Campo, pero no atendieron. Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario, instó a los abogados de Campo a presentar la denuncia correspondiente:  Yo con gusto colaboraría en la investigación y sancionaría estos compartimentos. Nosotros no vamos a aceptar el tema de corrupción de la denominada talacha, lo hemos dejado claro a los denominados “voceros” en las visitas que hemos hecho. Vela dice que habrá una renovación de personal y que este año se espera producir el cambio de mil guardias. Además: vamos a evaluar el perfil de los guardias que ya están laborando, para tener agentes comprometidos con los protocolos.

Añade que implementarán Inteligencia penitenciaria, tecnología e infraestructura para contrarrestar la talacha y para fin de este año esperan tener lista la construcción de tres módulos para unos 600 extorsionistas en Fraijanes.

Los 23 centros penales del país albergan a 23 mil reclusos: 56% en cumplimiento de condena, pero hay 10 mil que guardan prisión sin recibir una sentencia de juez. Muchos de los cautivos se han convertido en un verdadero negocio para los más antiguos, los más poderosos o incluso para alguien que ya salió de presión, pero también por las propias autoridades penitenciarias.

Hay una palabra que aterra a quien llega como nuevo huésped de las cárceles: la talacha, que  en términos generales de dos exdirectores del Sistema Penitenciario, es  una extorsión, que inicialmente se pagaba para eludir tareas de limpieza asignadas a los reos. Luis Rodolfo Escobar, exdirector de presidios:

La talacha no es solo por hacer limpieza: dentro de todas las prisiones se paga un tributo, como un impuesto. Si usted dice: “yo quiero poner una carnicería” le responde: bueno pague Q50 mil; “quiero vender pollo”, bueno va a dar tanto dinero. ¿pero a quién le están pagando?

Abogados penalistas que declinan de hablar al micrófono y cuyos clientes pagan talacha en las prisiones del país, identifican el tarifario:

·       Cárceles de mujeres: Q250 o “colaboración” con enseres de limpieza.

·       Hombres: delitos comunes, entre Q6 mil 500 a Q12 mil

·       Narcotraficantes o personas con un nivel socioeconómico importante: Q12 mil a Q20 mil.

El exdirector Escobar confirma: no le van a cobrar lo mismo a alguien que ingresó por escándalo en la vía pública, que a una persona con delito mayor.  Si es por narcotráfico le van a cobrar más dinero. Puede ir desde Q1 mil la talacha por limpieza, por sectores, por una plancha para dormir, hasta Q3 mil. o 20 mil.

El cobro de la talacha, es dominada por el reo de mayor tiempo o con mayor poder en cada uno de los sectores de los penales. Es toda una estructura que incluye: reos, guardias penitenciarios o directores de cárceles, según lo afirman los propios exdirectivos. Pero ¿a dónde va el dinero?

Eddy Morales, exdirector de Sistema Penitenciario: Es una repartición, los porcentajes varían: dependerá del tipo de centro, estructura criminal, o de los centros donde haya presos de delitos menores. Nunca se sabe el destino, pero les ayuda a enriquecimiento ilícito. ¿Cómo es posible que guardias penitenciarias aparezcan con grandes negocios o los mismos reos mantienen privilegios o directores de centros penales que terminan enriqueciéndose? Eso significa que hay una coordinación y asociación.

En 2021, Macario Escobar Ramos, subdirector de la cárcel de Quiché, fue capturado por exigir Q30 mil a los familiares de un recluso para evitar que fuera golpeado. En 2021, ConCriterio obtuvo información de que Murphy Paiz, exrector de la Universidad de San Carlos, fue trasladado de Matamoros a Mariscal Zavala, porque habría sido agredido por no pagar talacha, Paiz apareció en los tribunales con moretones en el rostro y cabestrillo, pero su abogado dijo que sufrió una caída. Y en efecto, quienes se oponen o no pueden pagar este cobro son sometidos a vejámenes físicos y psicológicos.

Murphy Paiz su traslado de cárcel ¿obedece agresiones por no pagar talacha?

Escobar, señala que las tarifas para exfuncionarios son altas:

Un funcionario pata arriba de los Q100 mil o Q150 mil por el uso del cuarto y luego van a negociar cuánto es mensual. Pero la pregunta es ¿Quién está cobrando?

Los exdirectores de presidios se excusan en que no puede combatirse el flagelo si no hay denuncias específicas y no generales. Entienden que estas se omiten porque no hay garantías de protección. Escobar:

la corrupción va a seguir existiendo siempre y cuando no haya un sistema de control y fiscalización. Yo había propuesto que fuera de forma externa: porque si lo pongo dentro y son los mismos compañeros, van a venir y van a voltear las cámaras como sucedió en el pasado. Tiene que ser alguien ajeno a los presidios para que tenga libertad de denunciar.

Además, señalan que debe apostarse por:

-        Clasificación de privados de libertad por peligrosidad

-        Cámaras de videovigilancia

-        Fortalecimiento de personal

-        Inversión en infraestructura.