El caso de Ellie Samara Batres Barrientos, de 6 años, desaparecida el 3 de julio y cuyo cuerpo fue localizado dos días después en el río Motagua, Izabal, es investigado por el Ministerio Público (MP), para aclarar si cayó accidentalmente al agua o hubo mano criminal. El desconsuelo y la impotencia de la madre de Ellie, se suma al de los familiares de 115 niños y adolescentes que fueron reportados desaparecidos este año y que a la fecha no han sido localizados, según el MP.
Mediante la desactivación de las alertas Alba Keneth, las autoridades han determinado que las causas por las cuales desaparecen los niños son varias: en el caso de los menores de 10 años, han escapado de casa por violencia intrafamiliar o porque recibieron un buen regaño. También están los niños que ante el descuido de los padres se pierden en las multitudes o en el peor de los casos son raptados, a los que se han sumado otras causas como las migraciones.
Joselyn Bartolomé Culajay Saz, tiene 11 años y su desaparición fue reportada el viernes último en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez. Su caso se suma al de Aaron, de un año, Sandy, de 2 y Marvin, de 11, entre otros perfiles visibles en el portal electrónico de la alerta Alba Keneth. Algunos serán localizados; si son adolescentes posiblemente regresarán por sí solos a sus viviendas, pero otros sumarán semanas o meses, sin que se sepa de ellos.
Cifras de la Fundación Sobrevivientes refieren que al año se registra un promedio de cuatro mil alertas por niños y adolescentes desaparecidos, de las que el 30% quedan activas. De ellas, un 20% corresponden a menores que fueron localizados pero sus padres no lo reportaron por temor a que el Estado les quite la custodia de sus hijos. No obstante, el 10% restante es de menores no localizados, dice Claudia Hernández, directora de la Fundación, quien lamenta que el sistema de búsqueda sea utilizado como una herramienta para tratar de resolver los conflictos de pareja.
«Las alertas se activan mucho porque la señora se va y deja al esposo por violencia contra ella y los niños. Entonces, viene el esposo y activa las alertas para encontrarlos. En otros casos se activan por secuestro pero luego las desactivan, porque fueron los mismos familiares que tuvieron que ver con ese secuestro».
Hernández refiere que el 1% de las denuncias que se reciben anualmente corresponden a niños que fueron raptados por grupos criminales. Ejemplo de ello fue el rapto de un bebé de cuatro meses el 12 de mayo en Flores, Petén, localizado cinco días después en el municipio de La Libertad, en el mismo departamento. Las autoridades reportaron la captura de una mujer de 31 años que habría raptado a otros menores para venderlos en México.
Perfil de menores desaparecidos visibles en el portal del sistema de búsqueda Alba Keneth.
En el caso de los adolescentes, Hernández relata que muchos se integran a las pandillas de forma voluntaria o bajo amenazas, por lo que optan por no regresar a sus viviendas. Otra de las causas que menciona son las migraciones de menores guatemaltecos hacia Estados Unidos, pero en territorio mexicano pierden la comunicación con su familia.
Agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, apuntan a las pandillas y afirman que en Guatemala las bandas de secuestradores están desarticuladas.
investigador del DEIC:
«Las maras tienen incidencia en la desaparición de los menores a partir de los 11 años, los incluyen bajo amenazas de que matarán a sus padres si no se integran, aunque también los motivan con lo económico, especialmente si viven en áreas marginales. A las mujeres les regalan dinero, ropa, zapatos o teléfonos, entonces ellas mismas abandonan su hogar».
Liliana Guzmán, coordinadora del Área de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dice que no hay un tiempo promedio para devolver a un menor localizado, pues cada caso tiene un nivel de complejidad.
«Sucede mucho que el padre o la madre decide migrar con los niños y no le avisan al otro progenitor y este pone la alerta cuando el menor ya hasta salió del país».