Su ausencia en el Juzgado de Primera Intancia Penal para delitos de  Mayor Riesgo “D” ya levanta especulaciones. Desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó las vacaciones de la jueza Erika Aifán, a cargo de dicha judicatura, los fiscales y litigantes en el juzgado se preguntan si ella volverá.  Una trabajadora de dicha oficina responde al teléfono que la juzgadora no está, pero hace una pausa y consulta con alguien más antes de responder cuándo volverá: “ella se encuentra de vacaciones,” dice, “un juez suplente está en su lugar”.

La semana pasada la jueza Aifán solicitó un período de descanso y la CSJ le concedió 3.5 semanas. “Me encuentro de vacaciones, me fueron autorizadas del 8 de marzo hasta el 4 de abril,” respondió la juzgadora a través de una llamada telefónica. El contexto de su ausencia alimenta las dudas sobre las condiciones de la jueza: es que apenas la semana pasada agotó la fase de defensa de uno de los cinco antejuicios que pesan en su contra. Se prevé que el juez pesquisidor, un magistrado que forma parte del Instituto de Magistrado, organización que la denunció y solicitó que se levantara su inmunidad, entregue su informe a la Corte Suprema antes del 23 de marzo.

Mientras, sus días fuera del juzgado no son de ocio, dice Aifán, pues su defensa consume el tiempo: reúne documentos, prepara informes, recopila la información y datos que resulten útiles, además se reúne con quienes la asisten en la serie de antejuicios en su contra que avanzaron a paso veloz en las últimas semanas. El papá de la jueza asumió la defensa legal de ella, pues los abogados no quieren participar en el caso. Temen que el Ministerio Público (MP) articule un caso falso o que los perjudiquen en otras causas que ellos representan, como ha ocurrido en otros procesos contra operadores de justicia que participaron en causas anticorrupción desde 2015.

La jueza Érika Aifán ha laborado durante 20 años en el Organismo Judicial. En su última evaluación de desempeño del Consejo de la Carrera Judicial, sus sentencias, su gestión el juzgado, así como su formación académica y profesional fueron calificadas con los punteos más altos.

“Nosotros tenemos notificados oficialmente 5 antejuicios,” explicó Aifán en la entrevista por teléfono, “son denuncias presentadas por el Ministerio Público”. Entre sus denunciantes se cuentan personas que resultaron afectadas por resoluciones emitidas en distintas causas de corrupción, existen además peticiones directas que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Rafael Curruchiche, ha presentado contra la jueza en los últimos dos meses.

Son distintas razones, pero se derivan de las causas más complejas de corrupción que apuntan hacia acusados que ostentaron poder político y que sostienen poder económico: como el caso Odebrecht, cuya acusación se dirige contra Alejandro Sinibaldi exministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el expresidenciable Manuel Baldizón; o como el proceso llamado “Comisiones Paralelas” bajo el cual se investigan al menos a dos decenas de abogados, entre magistrados de altas cortes y abogados que integran corrientes políticas en el Colegio de Abogados, incluso dos antiguos rectores de la universidad San Carlos. También la denuncia la Fundación del Terrorismo una asociación entre cuyos fundadores se cuentan antiguos integrantes del Ejército de Guatemala, acusados de delitos de alto impacto: entre otros, de malversación de fondos de previsión militar.

La jueza Aifán no responde si volverá ni dónde se encuentra. “Es por razones de seguridad que no puedo responder, pero en el caso que deba comunicar un cambio, yo lo explicaré públicamente”.

Las preguntas sobre su futuro próximo no surgen de la nada, están más bien motivadas por la suerte que ha corrido una docena de fiscales, jueces y magistrados que jugaron un rol determinante en las acciones que se desarrollaron a partir de 2015 para controlar la corrupción y que salieron al exilio cuando resultaron perseguidos y acusados en delitos aparentemente cometidos en sus funciones. Hay otro grupo de operadores de justicia, al menos seis, que no salieron del país, que fueron acusados y encarcelados justo al lado de las personas a quienes investigaron y acusaron. Y que, poco a poco, los jueces liberan bajo la misma explicación: no existen razones para perseguirlos, el MP presenta esos casos sin sustento.

Si prospera uno de los antejuicios contra la jueza Aifán, eventualmente podría girarse una orden de captura en su contra. Es cuestión de tiempo.