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Las denuncias por sospechas de sobrevaloración y anomalías de las Escuelas Bicentenario, contratadas durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, se desvanecieron.
Una mesa técnica interinstitucional liderada por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI) comprobó en mayo que los proyectos suspendidos, cuando la administración del presidente Bernardo Arévalo los denunció por sospechas de corrupción, no llegaron a fase de judicialización. Incluso las autoridades desconocen si siquiera se investigó, pese a que el MICIVI comprobó que el Estado pagó 25% más por los edificios escolares.
Carlos Enrique González, viceministro de edificios estatales y obra pública del MICIVI:
“El contrato modificatorio fue de Q678 millones a lo que aumentó. En el contrato original las “Bicentenarias” iban a costar Q541 millones. Se les aumentó Q136 millones”.
Al no existir procesos judiciales contra las constructoras, el MICIVI reanudó las construcciones y se reunió con los empresarios para determinar quiénes estaban dispuestos a seguir construyendo las escuelas. En esta fase las autoridades supieron que las denuncias contra las compañías desaparecieron en el MP, nos dice González.
Se les invitó a las empresas de las Bicentenarias para que manifestaran si tenían interés de continuar con la ejecución y que, de nuestra parte, no íbamos a pagar un solo centavo hasta que estuviéramos seguros del avance de ejecución. Varias dijeron que sí estaban de acuerdo y se les solicitó una constancia del Ministerio Público sobre el estatus penal de cada una. Para sorpresa de nosotros, las empresas han presentado constancias en donde aparece que ya no existen denuncias contra ellas, desconocemos si se desestimó o no.
En total 10 empresas construyen los 11 proyectos heredados a esta administración, de ellos 6 han presentado solvencia del MP, según un informe recibido por MICIVI.
Este medio consultó al Ministerio Público sobre el estatus de las denuncias de las “Escuelas Bicentenarias”. Comunicación Social requirió el nombre de las empresas y aunque este reportero envió los datos, no hubo respuesta. Cada escuela incrementó su costo original entre 8 y 40%. Y 5 de los 13 edificios están terminados; el de Moyuta, Jutiapa, es el más bajo, con 10%. Los proyectos se reactivaron uno a uno.
José Chic, diputado de VOS, bloque que denunció también estos proyectos nos dice:
No sé si el viceministro entendió la complejidad de las denuncias, dado que la misma Comisión Contra la Corrupción del Gobierno, lo que denunció fue el material con el que se iban a hacer estas escuelas; además de sobrevaloración. Por ejemplo, la de Villa Nueva estaba suspendida porque el avance físico (10%) no correspondía con el financiero (40%). Mientras esa suspensión estaba, ellos no podían construir; pero el MICIVI permitió que nivelara la construcción con el tema financiero. Levantaron la suspensión para pagarle Q5 millones y luego suspendieron el proyecto de nuevo.
La actual administración pagó Q51.3 millones a las constructoras entre 2024 y 2025 y Chic señala: Espero equivocarme, pero creo que hubo una negociación corrupta entre funcionarios de Comunicaciones y estas empresas para viabilizar pagos.
ConCriterio pidió una respuesta a Julio Flores, director de la Comisión Contra la Corrupción del Gobierno, pero no respondió.
Una de las cláusulas del contrato original establece que las empresas concursantes debían comprar los materiales de PVC Lego a FAME, Sistema Constructivo S.A, compañía denunciada por el actual gobierno. Al consultar a viceministro sí esa cláusula sigue vigente, respondió:
No, tenemos entendido que esa empresa ya salió del país y se disolvió. Ya no funciona por acá, pero son aspectos que el MP tendrá que investigar.
ConCriterio también preguntó al MP sobre esta compañía, pero tampoco hubo respuesta. Esta sociedad fue constituida el 15 de enero de 2020, un día después de que asumió Giammattei.