Dos crímenes más se suman a la lista que el Ministerio Público (MP) debe esclarecer: una activista indígena y un periodista asesinados las últimas semanas.

Dominga Ramos, de 53 años, fue asesinada en su vivienda en la comunidad Las Delicias, Santo Domingo, Suchitepéquez: 8 disparos cortaron la vida de una mujer dedicada a la defensa de derechos humanos e integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Judith Raquel, nuera de la fallecida, relató a medios locales que un hombre ingresó a la casa, preguntó por ella y cuando la vio, le dijo “este es un encarguito para usted”.

Asesor en el Congreso

Ramos era esposa de Miguel Ixcal, uno de los más antiguos dirigentes del Codeca, ahora delegado por la dirigencia como asesor en el Congreso de la República de la diputada Vicenta Jerónimo. Así lo asegura Leiria Vay de esa organización:

Es un mecanismo de alerta para Miguel y la compañera Jerónimo y para los defensores de derecho humanos y el mensaje es: no sigan luchando por defender derechos.

La diputada Jerónimo condenó el crimen y dijo que esperan las investigaciones y vinculó el crimen con el trabajo que hace desde el Congreso. Ella dice que no buscará medidas de seguridad ni para ella ni para su asesor:

Sabemos que hay un sistema que nosotros estamos tratando de cambiar y también por el trabajo que ella hacía desde los territorios y la defensa de la destrucción de la madre tierra fue que se cometió ese cobarde asesinato. Prácticamente dan un mensaje a la lucha social y después al instrumento político de los pueblos, pero no nos van a callar.

Periodista

El otro crimen ocurrió en Chiquimula el 27 de febrero, allí fue asesinado Bryan Guerra, de 25 años, vicepresidente de la Red de Comunicadores de Chiquimula. Presentaba noticias en un canal local de televisión y eventualmente hacía reportajes para esa televisora.

Maby Muñoz, presidenta de la organización a la que pertenecía Guerra, se abstiene de emitir comentarios respecto al asesinato de su colega, a quien ejecutaron desde un vehículo:

Nos ha impactado y afectado mucho. Con respecto a lo que sabemos, nosotros no podemos decir algo que no nos consta.

La Asociación de Periodistas de Guatemala dijo que “no se atendieron las denuncias de amenazas de muerte” que el comunicador presentó al MP.

La Red de Comunicadores dijo que en el pasado asesinaron a otros periodistas en el área, sin embargo, no documentan cuántos casos suman. La oficina del Procurador de Derechos Humanos reporta en tanto, que entre 2015 y 2018, se han matado a 17 reporteros e igual número de miembros de Codeca han sido ultimados desde 2018.

Crímenes por su labor

Ruth del Valle, Defensora de las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, dice que los dos crímenes recientes de entrada deben asociarse al trabajo de ambos:

Asumimos que sus muertes están relacionadas con su trabajo, pero eso tendrá que determinarlo, pero lo que reconocemos es que son activistas: que defienden los derechos humanos, que han sido personas con algún trabajo social en su comunidad en ambos casos entonces es por ese trabajo hasta que nos demuestren lo contrario. Si después se descubre que el caso de doña Dominga Ramos era en caso de venganza o por asunto de tierras, pero en principio la vemos como integrante del MLP, Codeca y Cenoc que son tres organizaciones que defienden derechos de los campesinos. En caso del periodista, los balazos que tenía no fueron hechos por un asaltante común, tenía una bala expansiva.

En 2017 Sergio Cardona  fue condenado a 30 años de prisión por el crimen del periodista Danilo López corresponsal de Prensa Libre, aunque fue absuelto por la muerte de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo, asesinados en Mazatenango en 2015.

El exdiputado Julio Juárez es acusado como autor material del doble crimen. Según las pesquisas, Danilo López tenía inclinaciones políticas hacia un candidato adversario del exdiputado. Las investigaciones indican que pagó Q25 mil a sicarios para asesinarlo.

En el caso de los crímenes contra integrantes de Codeca en enero de este año, se giró orden de captura contra el exalcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, sospechoso de haber asesinado en 2018 a Luis Marroquín dirigente de Codeca en aquel departamento este caso se estima que fue político.

En 2018 fue capturado Donaldo René Trigueros Nicolás, sospechoso del asesinato de Alejandro Hernández García y Florencio Nájera en Jutiapa, ambos miembros de Codeca. El MP apunta a un ajuste de cuentas por problemas personales.