En menos de 24 horas, el presidente Alejandro Giammattei cambió de opinión y no fue necesaria una segunda evaluación de daños como lo anunció el domingo: horas después, el lunes por la mañana, en consejo de ministros aprobaron decretar un Estado de Calamidad para atender el impacto de las lluvias de la depresión tropical Julia. El domingo estas fueron sus palabras: no podemos anticipar un Estado de Calamidad, este se emite cuando hay daños y de momento hay pocos, vamos a vigilar toda la noche y si hay necesidad de hacer segunda evaluación, por la tarde se hará.

El artículo 7 del decreto autoriza la adquisición y contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros; así como contratos para la preinversión, ejecución y supervisión de trabajos.  Y faculta al ministerio de Finanzas para identificar los fondos para atender la calamidad.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, una organización especializada en fiscalizar contratación de obra pública:

El riesgo siempre es hacer compras sobrevaloradas y que no son necesarias por atender los daños que pudo haber causado la tormenta. El riesgo se magnifica porque estamos en un ambiente plenamente electoral, aunque formalmente no hay convocatoria.

Las compras por excepción han sido posibles bajo Estados de Calamidad o Emergencias por la pandemia del Covid-19, tormentas ETA e IOTA y emergencias por lluvias.

Un informe de diciembre 2020 del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) reportó que en 2020, bajo calamidad por la pandemia, se adjudicaron 998 contratos por Q1.6 millardos.

Informe 2020 CIEN.

Ciertos eventos fueron cuestionados, por ejemplo, en uno de los decretos para atender la pandemia del Covid-19:

• La municipalidad de El Tejar, Chimaltenango, contrato servicios para mejoramiento de un pozo de agua por Q1.6 millones; la municipalidad de Mixco, por Q35 mil.
• El diputado Jorge García Silva apartó Q30 millones asignados a pandemia para el Instituto de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), los fondos fueron a parar a empresas del congresista según los indicios de la investigación.
• El Fondo de Desarrollo Social (FODES), debió dar marcha atrás la compra de galletas por Q14 millones, luego de que advirtió sobrevaloración y que el negocio se hizo 5 horas antes de que concluyera el Estado de Calamidad por Covid-19.
• En junio de este año, el Congreso aprobó Estado de Calamidad por lluvias y entregó Q1 millardo más al Fondo de Emergencias para atender las crisis en la infraestructura.
• En julio de este año también fue adjudicado mediante excepción la compra de 5 puentes Warren, por Q139 millones, estos se tenían previsto instalarlos en el hundimiento del kilómetro 14.5 ruta al pacífico, pero finalmente no se usaron.

En algunos de los eventos como el del INSIVUMEH y el de la compra de galletas se iniciaron investigaciones, en junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de antejuicio contra García Silva y a sus familiares involucrados se les dictó arresto domiciliar.  Del caso de la compra de las galletas no se reportaron avances.

El analista de Acción Ciudadana, añade:

En el caso de auditorías oficiales no hemos visto mayores hallazgos, los que hay son poco significativas como la multa que le pusieron a los que trabajaron la marca país, que fue irrisorio y no genera un aspecto disuasivo; entonces, lo único que queda es la auditoría ciudadana.

Los diputados están convocados hoy a las 14hrs. a una sesión extraordinaria para aprobar, improbar o modificar el Estado de Calamidad, decretado por el Ejecutivo.  La oposición rechaza aprobarlo. Samuel Pérez, diputado de Semilla, quien visitó las instalaciones de CONRED, ayer expone:

Es peligrosísimo y no solo eso, sino que es inútil para lo que se necesita, ya que nos decían en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), porque estarían haciendo compras y obteniendo los recursos en dos meses, ya cuando termina la temporada más fuerte de lluvias. Entonces este Estado de Calamidad es una excusa para robar de manera más fácil.

Este reportero llamó y escribió a Shirley Rivera, presidenta del Congreso, pero no respondió.  Estudios de opinión ciudadana apuntan a que la percepción del gobierno es corrupta.

La generadora de estudios de opinión CID-Gallup, reportó en su encuesta de septiembre que 64% cree que la administración de Giammattei, tiene muy mal desempeño y 69% opina igual de los diputados.