Durante dos días de operativos por el estado de Sitio declarado en El Estor, Izabal, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó ayer la captura de siete personas. Según el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, ninguna estuvo involucrada en los disturbios que se registraron el 22 de octubre último en rechazo a la explotación minera. También se efectuaron dos cateos en viviendas de periodistas locales.
Las capturas se dieron, continúa el portavoz, en los puestos de identificación de las fuerzas de seguridad. Al solicitarles sus documentos y revisar la base de datos del Organismo Judicial se percataron que los aprehendidos tenían órdenes de captura emanadas desde meses atrás por delitos como violación y usurpación de tierras.
También se efectuaron siete allanamientos en viviendas de barrios y colonias de esa localidad en donde se recabaron evidencias para encontrar a quienes participaron en los disturbios y quienes según las denuncias, extorsionan a los pobladores, refiere Jorge Aguilar, vocero de la PNC.
“Los vecinos han denunciado extorsión y cobros de dinero para poder circular en la carretera principal que va del Estor hacia Río Dulce, según las denuncias son las personas que bloqueaban la ruta anteriormente”.
Según Aguilar, no se detuvo al periodista Carlos Choj como se mencionó, aunque confirma que su vivienda fue allanada y se recabaron evidencias, sin dar más detalles, aunque la Procuraduría de Derechos Humanos informó en un comunicado que Choj fue retenido y tanto a él como a sus familiares se les despojó de su teléfono.
Representantes de 15 organizaciones sociales reunidos en las instalaciones de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), se pronunciaron en conferencia de prensa y manifestaron su rechazo a los operativos efectuados en ese municipio y por los allanamientos en las viviendas de los periodistas comunitarios Carlos Choj y Juan Bautista, al considerar que se trata de una persecución y censura de los medios de comunicación locales.
Néstor Rivera, periodista del medio Prensa Comunitaria de El Estor, asevera que no hay presencia del Estado en ese municipio y las empresas mineras ejercen el control.
“Atestiguamos las violaciones a derechos humanos en los desalojos violentos que pusieron en riesgo la integridad de los pobladores, nos preocupa que inicien procesos penales en contra de periodistas solo por publicar lo que ocurre con la minera”.
También pidieron que se defiendan los derechos de los pobladores de ese municipio y que el Ministerio de Energía y Minas haga consultas comunitarias antes de autorizar la explotación minera.
Dichos representantes, indicaron que ya denunciaron los hechos ante el Comisionado de Naciones Unidos en Guatemala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agentes de la PNC efectúan operativos de registro e identificación en El Estor, Izabal.
El 22 de octubre los manifestantes fueron desalojados con gas lacrimógeno para retirar el bloqueo que mantenían en la ruta a El Estor.
El medio informativo Prensa Comunitaria indicó que las fuerzas de seguridad no dialogaron con los inconformes y utilizaron la fuerza para retirar a los pobladores. En el lugar se reportaron personas intoxicadas por el gas lacrimógeno inhalado y fueron trasladados a un hospital.Según la PNC actualmente hay 800 agentes destacados en ese municipio para colaborar en los operativos.
La extracción del mineral, del proyecto Fénix en El Estor, fue suspendida por el Ministerio de Energía y Minas desde febrero de este año, en cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en 2020.