El Congreso de República aprobó ayer por la madrugada el decreto 30-2020, la ratificación del Estado de Calamidad en nueve departamentos del país afectados por la depresión tropical ETA que afectó a más de medio millón de personas de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Hasta el miércoles se reportaron 46 muertos.

Pero eso no fue lo único que aprobó el legislativo mientras todos dormían. En la ley también se asignaron y redireccionaron fondos para atender los efectos que dejó ETA: los montos suman Q719 millones.

• Q400 millones del Fondo Emergente.
• Q50 millones del Fondo de Agricultura Campesina no ejecutado por el Ministerio de Agricultura.
• Q2 millones para la protección de sitios arqueológicos, que serán ejecutados por el Ministerio de Cultura.
• Q10 millones para la elaboración del padrón de afectado por ETA a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
• Q257 millones, dinero sobrante del Fondo de Protección al Empleo, este monto está el disponible de acuerdo con el tablero de ejecución de los programas Covid-19 del Ministerio de Finanzas. No obstante, el Ministerio de Economía respondió que la cifra fue reducirse pues aún se ejecutan solicitudes de apoyo a trabajadores.

Exoneración de impuestos por 5 años 

En el decreto se aprobó también la exoneración del Impuesto al Valor Agregado y los derechos arancelarios a las importaciones de equipos, bienes y donaciones para programas de beneficio social o emergencias en calamidades públicas a favor de los clubes rotarios de Guatemala, por periodo de 5 años. Pero acá parece haber un error pues este decreto caduca en 30 días y por lo tanto las exoneraciones no podrían extenderse más de este tiempo.

Abelardo Medina, analista y exintendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT):

“Ese un error de forma, no es apropiado que en un decreto que tiene vigencia específica, se haga un tratamiento por tiempo más largo; lo correcto fue crear un nuevo decreto y al no hacerlo puede generar conflictos, porque cuando la aplique la SAT se podrá interpretar que todo el contenido de este decreto quedó sin efecto.

Juan Carlos Rivera, diputado del bloque Victoria al analizar el párrafo se da cuenta que hay un error:

La intención de que quedara a largo plazo era que los clubes pueden continuar con el aporte, pero creo que sí hay un error porque el decreto si en 30 días va a caducar.

No obstante, Aníbal Samayoa diputado humanista, tiene otra opinión:

“A pesar de que se venza el decreto van a seguir prestando el servicio o dando las ayudas, hasta que se acabe el dinero que se planteó. Se destina cierta cantidad y aunque pasen los 30 días se podrán seguir ejecutando”. 

Dentro de la nueva ley hay otro punto cuestionable: se entregan Q10 millones para elaborar un nuevo padrón de afectados, cuando en 2018 se realizó en censo de población y este año un censo para la entrega del bono familia. Sobre esto Medina, comenta:

Eso lo que muestra es la irrelevancia de un buen sistema estadístico del país. El INE debiera tener conocimiento quiénes son las personas que viven en la comunidad y que son afectadas y lo único que tendría que hacer el MIDES es hacer una verificación de datos y no se necesitarían tantos recursos. 

Al finalizar la ejecución de los fondos los ejecutores tendrán que rendir cuentas a los diputados y las bancadas piden a la Contraloría General de Cuentas, involucrarse desde ahora para evitar opacidad y corrupción.