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Las sanciones contra la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) llegan desde Europa, mientras la asociación opera a sus anchas y sin control reclaman organizaciones civiles nacionales que cuestionan el origen de su financiamiento para defender la corrupción y encarcelar a fiscales, jueces, magistrados y periodistas.
Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, guarda silencio ante las consultas de ConCriterio sobre la revisión y cancelación de dicha fundación reconocida en una investigación de Guateleaks como “El francotirador de los referentes de la lucha anticorrupción en Guatemala”. Julio Saavedra, Procurador General, contestó que desde la Procuraduría General no han revisado este tema.
Carmen Rosa de León Escribano, investigadora del Instituto para la Enseñanza del Desarrollo Sostenible:
Una organización que ha sido sancionada internacionalmente, sería lógico que el gobierno la revise y la cierre. Están sancionados por socavar la democracia, hay ahí una opinión de 27 países, incluso tiene prohibiciones financieras en Europa. Entonces ¿por qué el Gobierno no ha usado la ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)? Incluso para saber simplemente cuál es el origen de los fondos: de hecho las ONG tenemos que hacer una presentación a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), igual que a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La IVE no respondió sobre los reportes de la FCT. En la SAT no presenta operaciones.
En una entrevista con Plaza Pública en 2013, Méndez Ruíz dijo que la Fundación la financian “grandes empresarios del país”, pero que colaboran con sumas pequeñas de dinero.
La fundación fue aprobada por Gobernación en 2013, poco después de la condena por genocidio al exjefe de facto Efraín Ríos Montt. El papá de Ricardo Méndez Ruiz, fundador y directivo de la misma, fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt. En su acta constitutiva, la FCT declara como primer fin la asistencia legal de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que resulten acusados a raíz de sus ejecutorias y acciones pasadas.
Méndez Ruiz ha presentado desde acusaciones contra fiscales, jueces, magistrados a cargo de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado hasta denuncias contra el presidente Bernardo Arévalo.
La investigación de GuateLeaks documentó que entre 2014 y 2022 la FCT presentó 151 denuncias contra funcionarios de justicia al frente de procesos de corrupción de alto impacto. Antes de la gestión de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP), las denuncias penales de la FCT fueron desestimadas, en su mayoría consideradas inviables.
El Consejo Europeo expuso que “La (FCT) participa en una campaña de enjuiciamientos penales por motivos políticos dirigida por la Fiscalía General de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han participado en la denuncia de la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el Gobierno de Guatemala, elegido democráticamente, en particular el presidente Bernardo Arévalo”
De Léon Escribano: Yo pienso que si es una amenaza para la democracia, sería una organización terrorista de donde provienen la mayoría de denuncias espurias, incluso del propio gobierno. Dado que es un mal para el país, creo que aplicando la ley de ONG en cuanto a los fines de la institución y los que están fuera, puede ser cancelada.
La ley de ONG ordena a las organizaciones extender recibos a personas o entidades donantes, sean locales o extranjeros, los cuales deben efectuarse en formularios autorizados por la SAT.
Méndez Ruiz dijo en sus redes sociales que la sanción de Europa es una medalla más para la fundación y sus directores como lo fue cuando EE.UU. los incluyó en la Lista Engel.