La resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo de otorgar arresto domiciliario a tres de los cuatro condenados por el caso Molina Theissen genera un precedente para revisar las medidas de todos los condenados por crímenes durante el conflicto armado.

En junio pasado Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Luis Gordillo recibieron medidas sustitutivas. Pero únicamente Gordillo dejó el Hospital Militar, donde guardaba prisión desde 2016, cuando los magistrados de la Sala Apelaciones acogieron la recomendación de la Corte de Constitucionalidad (CC) de liberarlos debido a su edad y los riesgos de contagios de Covid-19. Los condenados oscilan entre los 80 y 91 años. 

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y representante de la familia Molina Theissen, apunta a que es solo el comienzo de más liberaciones:

En otros procesos que llevamos, como en el caso de la  zona militar 21 Creompaz, la mayoría de militares pidieron medidas de coerción. Y de hecho los mismos procesados por el caso Molina Theissen pidieron medidas de revisión por el caso de genocidio Maya Ixil. 

Un total de 22 militares han sido condenados por crímenes cometidos durante el conflicto armado. La edad promedio es de 85 años. 

El caso de la familia Molina Theissen es el más notorio porque es el primero y llevó a prisión a los antiguos jefes del Estado Mayor de la Defensa e Inteligencia Militar. 

La familia Molina Theissen inició la búsqueda de justicia desde 1997 por crímenes cometidos en contra de Emma Molina Theissen y la desaparición de su hermano menor Marco Antonio Theissen de 14 años en ese entonces.

La pesadilla de esta familia comenzó en 1981 cuando la hermana fue secuestrada mientras viajaba de la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango y durante el trayecto, en un puesto de registro militar, la interceptaron y ella llevaba panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo, del cual era militante. En el juicio los testimonios prueban que fue llevada a una base militar en Quetzaltenango, donde la torturaron y violaron durante 9 días, sin darle comida ni agua, con el objetivo de sustraer información:

Yo no entregué a nadie. Y esa noche fue la violación en grupo. Yo no sé decir cuántos tipos eran, solo oí un bullicio fuerte. Llegaron ya entrada la noche y todo lo que oía era un bullicio en el cuarto, casi todo el tiempo yo estaba con un pañuelo en los ojos. 

Ella escapó en el noveno día de una forma inusitada: salió por la puerta principal pues estaba tan desaliñada que la confundieron con una prostituta que había llegado a visitar a uno de los oficiales.

Un día después de huir, hombres vestidos de civiles ingresaron a la casa de su familia en la colonia La Florida en la capital, liderados por Hugo Zaldaña Rojas, uno de los exmilitares condenados, no liberado. 

En este suceso, a plena luz del día, su hermano menor, Marco Antonio, fue raptado y nunca más se supo de él. La hermana ignoró este evento pues la familia se concentró en que ella saliera del país y se pusiera a salvo. Ocultaron lo ocurrido, pero en 1982 ella se enteró:

Había un sentimiento de victoria de mi parte, había pasado todo eso pero me escapé, eso me daba un hilito de fortaleza. Eso se tiró al suelo porque precisamente porque me escapé él había pasado por eso. No quería vivir, no tenía ganas de vivir, pensaba que estaba viviendo una vida robada a mi hermano. Fue muy, muy duro. 

Las hermanas buscaron justicia años después, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. En 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Guatemala por los crímenes cometidos en contra de la familia y ordenó una investigación, una condena y que el cuerpo de Marco Antonio fuera entregado. 

En 2018, 14 años después, se dieron las condenas. Entre 38 y 50 años de cárcel para los autores del crimen. La familia agradeció la sentencia. Hasta 2020, cuando la defensa solicitó la revisión de medidas y argumento riesgo por Covid-19. La sala que tenía a su cargo el caso negó la solicitud, debido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa no quedó satisfecha con la resolución; acudió a la Corte de Constitucionalidad, la cual en marzo de 2023 recomendó libertad para los condenados.

La sala volvió a negar la solicitud y hubo consecuencias. Los magistrados fueron acusados de desacato ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Karen Fischer, defensora de los condenados:

No solo cometieron ese delito de desobedecer, sino cometieron incumplimiento de deberes, de resoluciones violatorias de la Constitución, también los sindican de abuso de autoridad. Agregué 6 delitos de desobediencia y así ellos cumplieron finalmente con el arresto domiciliario.

Jovita Tzul, abogada representante de la familia Molina Theissen:

El panorama tan grave que se está viviendo de criminalización a operadores de justicia también es aprovechado por la contraparte

35 funcionarios de justicia, que jugaron roles en casos anticorrupción y de derechos humanos, están en el exilio a raíz de acusaciones y órdenes de captura. La Fiscalía de Derechos Humanos, de hecho, fue una de las afectadas con la salida de la exfiscal Hilda Pineda. 

La familia Molina Theissen recurrirá ante el sistema interamericano para señalar el incumplimiento del Estado de Guatemala. Emma Molina Theissen está inconforme con la sentencia:

Mucha indignación, mucha rabia. Se atienden necesidades de estos tipos, y uno dice “y las necesidades de mi mamá”. Mi mamá tiene 89 años, se va a morir sin ver los restos de mi hermano, y sin saber dónde está. 

Marco Antonio es uno de los 5 mil menores desaparecidos durante la guerra en Guatemala, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La sentencia de la Corte Interamericana y el tribunal guatemalteco ordenan también la búsqueda del cuerpo del adolescente.