Uno de los temores más azuzados de cara a la segunda vuelta se basa en la desinformación de que un eventual gobierno del Movimiento Semilla se lanzará a expropiar tierras. 

La ola de información falsa es contra del presidenciable Bernardo Arévalo a quien incluso el excandidato presidencial Carlos Pineda ha señalado desde su cuenta de Tik Tok: “No entiendo como este cuate dice que van a quitarme mis cosas que con tanto esfuerzo me han costado”. 

Arévalo ya lo desmintió en diferentes entrevistas, incluida una en ConCriterio: nosotros vamos a respetar la propiedad privada y vamos a respetar todas las formas de propiedad que existen. 

El derecho a la propiedad privada está protegido en la Constitución en el artículo 39: “Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.

No obstante, sí existe la expropiación. Y, de hecho, se han ejecutado expropiaciones en el pasado. Uno de los casos más recientes y conocidos es el libramiento de Chimaltenango, obra ejecutada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

Primero, el Congreso debió ratificar en 2018 un decreto que permitió la expropiación por tratarse de un proyecto de interés nacional. Óscar Chinchilla, diputado e integrante de la comisión de Comunicaciones y Transporte, presentó la iniciativa de ley: 

Por parte del Congreso se propuso una ley para que el Estado tuviera las facultades para expropiar, pagar a precio de mercado las propiedades. Esa era la primera propuesta. Al tratarse de bien común, propusimos esto para que pueda ser un precedente para muchos proyectos de infraestructura importantes en el país.

Chinchilla resalta que debieron aprobar la expropiación de tierras para que el gobierno negociará con los propietarios que no deseaban ceder. Alrededor de 15 kilómetros fueron expropiados.

En 2020, vecinos que fueron despojados de sus propiedades para hacer la obra en Chimaltenango señalaron que el Gobierno no pagó las cuotas prometidas. ConCriterio solicitó información al ministerio de Comunicaciones sobre la liquidación de las tierras, pero no hubo respuesta. 

Las alianzas público-privadas también pueden expropiar terrenos, pero cuentan con su propia ley. Wendy Sandoval, subdirectora Jurídico y de Adquisición de Inmuebles de Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE): 

A nosotros quien declara la utilidad pública del bien no es el Congreso. El consejo nacional de alianzas de infraestructura económica está conformado por ocho entidades tanto públicas como privadas: el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Economía, el ministro de Comunicaciones, de Energía y Minas, el secretario de SEGEPLAN, director de PRONACOM, el presidente de CACIF, y presidente de la cámara de construcción; ese es un cuerpo colegiado, quién hace la declaración de utilidad pública del bien. 

Sandoval resalta que ANADIE no se ha visto en la necesidad de expropiar, pero podrían llevarse a cabo con la construcción de la autopista planificada entre Escuintla y Puerto Quetzal.