La llamada de la extorsión, es una llamada que ya no se puede ser ignorada por pequeños, medianos y grandes empresarios del país, se ven obligados contestar para evitar mayores repercusiones.

Conforme ha pasado el tiempo los extorsionistas han ampliado su marco de acción, sus víctimas ya no solo son las tiendas de la esquina, la panadería o la tortillería, ahora han tocado a las puertas de las grandes empresas e industrias.

Los empresarios no lo pueden evitar y, ven ese acto delictivo como parte del costo de hacer negocios en Guatemala, así lo afirma Carolina Castellanos, Directora ejecutiva de ALDS, quien reconoce que el consumidor final es quien a resulta pagando la extorsión.

“En un inicio se estaba tratando de evitar, pero ahora ya se volvió parte del costo de hacer negocio, lo peor es que quienes están pagando esas extorsiones son los consumidores, porque las empresas tienen que subir eso como un costo más y, va sumada la extorsión porque de dónde lo pagan, al finan de cuentas son los consumidores los que están pagando las extorsión, de dónde saca la empresa si no es de ahí”

Los resultados de una encuesta empresarial realizada a mil 200 agremiados a la Cámara de Comercio de Guatemala, reveló en 2014 que 11 por ciento de los empresarios estaban siendo extorsionados,

El Ministerio Público reporta mil 948 denuncias por extorsión en los últimos dos años y medio, solo en el primer semestre de este año el ente investigador recibió mil 62 denuncias de guatemaltecos que están recibiendo llamadas extorsivas. En un audio que forma parte de las investigaciones extorsionistas conversaban sobre la forma en que recogían el dinero.

“La vieja dijo que los juras habían seguido a la patoja que va a cobrar, yo pensé que no les habían dado el dinero, pero me entregó la bolsa y yo sentí que no pesaba nada y, cuando conté venían Q6 mil cabales, le di Q5 mil a la vieja y me quedaron Q1 mil”

Los pequeños, medianos y grandes empresarios se ven obligados a pagar, o deben a atenerse a las consecuencias, la directora de ALDS, Carolina Castellanos recuerda la forma en que los pandilleros han presionado para que se les pague la extorsión.

“La Kellogs cuando cerró mucho del problema que tenía era extorsiones, Pepsico, hace algunos años le pasaron baleando en frente de la planta y les dejaron notas que si no pagaban las extorsiones iban a balear con AK 47, hace algunos años pusieron un explosivo en un camión repartidor de agua pura, otra explosión en una bodega”

La granada que los pandilleros de la mara 18 lanzaron al camión repartidor de agua pura dejó un fallecido y once heridos, el hecho ocurrió hace tres años en la colonia Alameda zona 18, sin embargo este tipo de ataques no son exclusivos de zonas roja, recientemente fue atacado a balazos un restaurante Burger King en Avenida Las Américas, zona 13. El director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, confirmó que el hecho estuvo relacionado con extorsionistas.

“Sí tuvimos un caso recientemente en la zona 13 en donde por oponerse al pago de extorsión se tuvo un atentado, lo único que se sabe es habían amenaza de extorsión y que si no pagaban los iban a agredir y fue lo que finalmente sucedió”

Javier Zepeda añadió que la industria ha tenido que hacer cambios en la ruta de entrega de productos, la regla para algunas empresas es: en zona roja no se distribuye.

“El problema de las extorsiones en el sector industrial se da mucho en la distribución, en áreas rojas se ha visto amenazada por las extorsiones, en muchos casos para no caer en el chantaje nuestros socios evitan entrar a esos lugares y en esas zonas no se venden sus productos”.

Carolina Castellanos afirma que en ruta los vehículos distribuidores de productos tienen que pagar extorsión para tener derecho a ingresar a determinadas zonas.

“Ya no solo son las camionetas de transporte público las que pagan extorsión, las empresas están pagando entre mil y Q2 mil por transporte al mes o a veces a la semana dependiendo de la zona en donde se distribuye”

Para protegerse de los delincuentes los empresarios destinan entre 10 y 12 por ciento de su presupuesto para la contratación de servicios privados de seguridad, servicios que en ocasiones no logran frenar los ataques o los actos de extorsión de los pandilleros.

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