Ilusionada con construir una casa de campo donde pasar los fines de semana con su familia, Mirna Álvarez de 50 años, compró un terreno hace dos décadas en una ladera en la zona 2 de Villa Nueva. 

Era un terreno del que no recuerda las medidas pero lo describe como “amplio,rústico y  lejos de la ciudad”, por el que pagó Q40 mil. Según Álvarez, “era mitad pendiente y mitad plana” del que no hizo el traspaso de inmediato por carecer de fondos. Una tarde que regresaba de Antigua Guatemala decidió pasar por el lugar. La sorpresa fue que su terreno “había desaparecido”, pues una empresa arenera había depredado la montaña.

«Tenía las escrituras del terreno, pero que iba a reclamar si el terreno ya no estaba».

Álvarez prefirió dejar las cosas así y no reclamarle al dueño de la arenera, pues supo que tenía vínculos con el narcotráfico.

Un informe del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) revela que un 70% por ciento de la arena de río y laderas que se extraen en Guatemala se destinan a la construcción de viviendas y es el municipio de Guatemala en donde se registra la mayor demanda de ese material, debido al auge de la vivienda vertical y centros comerciales.

Según el CEUR los bancos de arena tanto en ríos y montañas son explotados sin ningún control. En el caso de la arena de río, que sirve para mezclar con el concreto, es extraída  especialmente en el departamento de Guatemala,en los municipios de Chinautla, Amatitlán, Villa Nueva y San Miguel Petapa al aprovechar las riberas de los ríos Motagua y Villalobos.

Para el ingeniero agrónomo e investigador del CEUR, Byron González, la demanda  de arena se ha trasladado a ciudades intermedias como Quetzaltenango, Mazatenango y Chiquimula donde han crecido proyectos habitacionales.

«Hay una ley de minería pero es obsoleta, es necesario hacerle modificaciones para que sea basada en la actualidad, la actual nadie la respeta».

Gonzáles dice que las consecuencias de extracción de arena sin control, tiene varios impactos en el tema ambiental: contaminación del agua, reducción de ecosistemas en los lechos de los ríos y socavamiento en las riberas de afluentes que representan riesgo para comunidades debido a deslaves e inundaciones.

«Provoca un deterioro en los bosques de galería que están a la orilla, se cortan estos para tener más espacio y aumentar la extensión de estas actividades mineras, también hay derrame de aceites de las maquinarias sobre los ríos».

El experto insiste en que al momento de minimizar la extracción de arena, también se afectará económicamente a las familias pues esta actividad es su fuente de ingresos. Un metro cúbico de arena tiene un costo de Q105 o Q150.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), actualmente están vigentes 86 licencias para la extracción de arena de río. Para Magaly Arrecis, jefa de la División Socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), existe un subregistro de empresas que extraen arena y debe ser más el número de las que operan ilegalmente.

«Desestabilizan los suelos cuando es en montaña, esa extracción carece de metodología, solo extraen donde encuentran el material sin considerar si el terreno es seguro y no se percatan como lo dejan y se vuelven inestables ante la lluvia».

Arrecis indica que no hay garantía de que  las licencias otorgadas para la extracción de arena no sean utilizadas para explotar otros minerales.

En respuesta, el ministerio de Ambiente indicó mediante el departamento de Comunicación que con la licencias se obliga a las areneras trabajar de  manera “sustentable”.