La fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) sostiene que Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), recibió Q19.5 millones que no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las elecciones 2015. Y parte de ese dinero fue entregado en manos de Torres y por eso Juan Francisco Sandoval, Jefe de la FECI, reafirma que es necesario investigar a la presidenciable:
Además de que se tuvo conocimiento de la existencia de recursos que no figuraban reportados a la autoridad electoral, también hubo recepción directa de parte de ella. Lo que necesitamos es investigar porque tenemos esa información y yo no la puedo destruir ni obviarla, en ese sentido el planteamiento es eminentemente jurídico.
Sandoval informó que la fiscalía presentará un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la alta corte enmiende la resolución de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo la inmunidad a Torres, con lo cual impidió la investigación:
Consideramos agraviante la resolución si tomamos en consideración de que hay aspectos en los que se analizó el material presentados como soporte. En una parte fueron muy rigurosos como si hubiéramos estado en otra etapa procesal, como si ya hubiéramos superado la barrera del antejuicio y hubiéramos estado en juicio; y en otros ellos indicaron que eran demasiados los medios que habíamos presentado, entonces podremos sintetizar todos los agravios que encontremos en la resolución –de la CSJ- en el planteamiento que se realizará directamente en la Corte de Constitucionalidad.
Cesar Romano, fiscal de la UNE ante el TSE, dijo que la organización esperaba la contrareacción de la fiscalía, pero señaló que confían que el fallo unánime de los magistrados de la Corte Suprema, el cual, según él, está fundamentado al rechazar la solicitud de retiro de antejuicio a su candidata:
A ella se le señalan hechos delictivos cuando ella no estaba al frente del partido, no era Secretaria General en las fechas que ellos señalan que pudo haber recibido dinero ilícito.
Escuchas telefónicas son clave
Durante la audiencia de primera declaración del resto de procesados en este caso, la jueza Claudette Domínguez no permitió la reproducción de las interceptaciones telefónicas entre Gustavo Alejos, exsecretario privado de Alvaro Colom, y Sandra Torres. El criterio de la juzgadora fue que la CSJ ya había decidido no retirar la inmunidad a la presidenciable, por lo que no había razón para escuchar los audios de esas conversaciones. Sandoval se refirió:
¿En las conversaciones qué se escucha decir a Sandra Torres? Prefiero no referirme en este momento ya que fue criterio de la propia juzgadora que no fueran escuchadas. No obstante, yo tengo la claridad de que el artículo 3 de la ley en materia de antejuicio establece que esa prerrogativa es para no detener ni procesar a la personas y cuando el Código Penal instituye el delito de infracción de privilegio, que es cuando se procese a quien goza de inmunidad.
¿Cómo surgieron las llamadas telefónicas que implican a Sandra Torres?
Teníamos la interceptación de la línea telefónica del señor Gustavo Adolfo Alejos Cambara, y desde ahí se pudo determinar qué información contenían las mismas, que en aquel momento era una investigación que estaba en desarrollo con negocios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 8IGSS), pero de esta se pudo determinar que él también tenía comunicación con personas vinculadas con la agrupación política –UNE.
Romano del partido de Sandra Torres, reacciona y no da crédito a las grabaciones: Los audios pueden estar ahí dentro del proceso, pero hasta que no abra la investigación y no se demuestre en que momento fueron tomados, muchas cosas se pueden contextualizar y darles el matiz y dirigirlos hacia donde se quiera llevar la investigación.
Actualmente cuatro personas enfrentan su primera declaración por este caso que involucra a la exesposa del expresidente Álvaro Colom u siete más esperan ser llamados su primera audiencia.