Mañana se cumplen 3 años de tiempo extra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En este tiempo el Congreso de la República ha relegado la elección de los 238 funcionarios judiciales: aparentan cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida el 20 de mayo de 2020, la cual definió la forma de elección, pero siempre es el último punto de agenda, al cual nunca llegan, pues antes los diputados han roto el quórum.

Tres años extra y ¿cuántos años más?

La prolongación del poder judicial se mide desde dos puntos de vista.

Yolanda Pérez, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, señala que el incumpliendo del Congreso, convierte en ilegal la extensión del mandato:

“Hace que esa Corte Suprema de Justicia sea ilegítima y cuando esto sucede, aunque haya buenos, resulta que todos son ilegítimos. No es cuestionan de exculpar a nadie, simplemente la CSJ carece de legitimidad y el Congreso incurrió en violación de la Constitución al no respetar un fallo de la CC”.

Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral y en la nómina de candidatos a magistrados enviada al Congreso: “Yo me siento tranquila, sé que no es lo normal, pero hubo un pronunciamiento de la máxima corte en materia constitucional que validó el periodo el tiempo que se alargara, toda vez que no está nombrados los sustitutos y en tanto la ley del Organismo Judicial (OJ) prevalece porque lo que se debe garantizar es la aplicación de justicia y por lo tanto yo me siento tranquila.

Este reportero preguntó a Palencia cuáles son los aspectos favorables y contrarios del tiempo extra, pero el término no le agrada: no, no es un tiempo extra, no lo puedo tomar así y tampoco no puedo pronunciarme sobre lo que usted pretende porque entonces estaría descalificando lo que le dije.

Carlos Ruano, juez del tribunal noveno de sentencia penal, un cargo renovable por evaluación de desempeño, apunta a un grave daño al cumplimiento la Constitución, no obstante, destaca en estos tres años:

Sin lugar a duda, la administración de justicia ha continuado a pesar de que no se han elegido cortes y no se han respetados los plazos constitucionales.

Ruano remarca el daño a la independencia judicial por la interferencia política y cree que se deben analizar otros modelos de designación de jueces y magistrados.

Algo sí garantizó el aplazamiento de elecciones: estabilidad laboral para los magistrados e ingresos económicos por tres años, antes de regresar a sus bufetes de abogados, buscar la jubilación o quizá el desempleo.  Pero la exmagistrada Pérez, es enfática:

Si queremos que magistrados de sala o Corte Suprema y algunos jueces que no tenían cuello conserven su empleo, hay que reformar la Constitución, porque es tajante cuando dice que la duración del periodo de jueces y magistrados es de 5 años.  Esta abogada considera que la conservación de puesto y los sueldos son ilegales.

El mes pasado la CSJ anunció la reinstalación de Blanca Stalling como magistrada de la CSJ e integrante de la Cámara Civil. Estuvo de baja por 5 años a raíz de una acusación del Ministerio Público por tráfico de influencias. Su caso fue cerrado sin oposición de los fiscales.

Las esperanzas de que se elijan jueces y magistrados incluso se desvanecen con la conformación de un nuevo Congreso señalan entrevistados, por cómo se han conformado las alianzas en el Estado.

En enero 2021 la misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe por la invocación del gobierno a la Carta Democrática, e instó elegir el nuevo poder judicial a la brevedad. El 7 de abril el Parlamento Europeo externó su preocupación por el deterioro del Estado de Derechos en el país, por este retraso y en julio, la Federación de Juezas y Jueces por la Democracia expresó que se atenta contra la norma constitucional al no elegir magistrados.