El arrendamiento de 235 kilómetros de línea férrea por 25 años para uso exclusivo de la empresa mexicana Remed, S.A, se concretó ayer con la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías, S. A,), aunque el contrato carece de transparencia, según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que ha observado el proceso que inició en 2019.

En la asamblea extraordinaria efectuada ayer en un hotel de la zona 10 capitalina, el 81 por ciento de los accionistas de Ferrovías, S.A, con el aval de la Procuraduría General  de la Nación (PGN),  facultaron a su representante legal para que suscriba el contrato de operación con representantes de  Remed, S. A, que se comprometió a invertir US$700 millones para modernizar el tramo de la línea férrea que comprende un proyecto denominado “Ferrocarril del Bicentenario” que atravesará 11 departamentos y tocará cuatro puertos.

El proyecto se divide en tres etapas: la primera va de San Marcos a Puerto Quetzal en Escuintla y es la que trabajará la empresa Remed. La etapa dos cubre el tramo entre El Rancho, El Progreso y Puerto Barrios, Izabal. La tercera fase va de Escuintla a El Rancho.

El contrato estipula que Remed, S.A. deberá pagarle a Ferrovías el 4.6 por ciento de los ingresos brutos que se obtengan de las operaciones, lo que según el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, no es rentable para el país y poco transparente por la ausencia de otras empresas participantes.

«Hubo accionistas que dijeron que sería importante la invitación de otras empresas para que no se pensara que esto fue dirigido, se acordó un pago de 4.6 por ciento mensual de los ingresos brutos, pero ¿por qué no un 10 o un 12 por ciento? y tampoco hay garantía de que la empresa invierta los setecientos millones de dólares, este contrato es como un salto al vacío, un buen negocio para otros pero malo para el Estado».

Rodas, dice que ante el mal estado de las carreteras, la modernización de la vía férrea es importante para la economía y el desarrollo, aunque evaluarán la legalidad del contrato que aún se debe firmar oficialmente en los próximos días.

El proyecto abarcaría el tramo que va de San Marcos a Puerto Quetzal, Escuintla.

El magistrado de conciencia dice desconocer si hay algún tipo de vínculo entre la empresa mexicana con funcionarios del actual gobierno, después de que en octubre de 2021, la  PGN ordenó remover como administrador de Ferrovías a Carlos Estrada, excandidato a diputado del partido Vamos por el distrito de Izabal, y en su lugar fue nombrado el economista José Ulloa Rosenberg, quien habría sido propuesto por el ministro de Economía, Antonio Malouf,

Fernando Pineda, diputado del partido Semilla y presidente de la Comisión de Integración Regional, refiere que las negociaciones se han hecho en privado al argumentar los accionistas de Ferrovías que son una sociedad anónima. Sin embargo, dice Pineda, el Estado es propietario del 80 por ciento de las acciones de Ferrovías.

«No me dejaron entrar a las reuniones y tampoco a los medios de comunicación,  es un signo malo cuando un negocio no se realiza en beneficio del Estado sino del club de amigos del presidente de turno».

Según Pineda, la empresa mexicana nunca ha demostrado tener la capacidad financiera y experiencia en proyectos ferroviarios. 

En 2021, Rodas y el anterior administrador de Ferrovías Carlos Estrada, se opusieron a varios puntos establecidos dentro de la cláusula del contrato, como la cantidad de utilidades que recibiría Ferrovías por un plazo de 25 años y porque Remed pedía que Ferrovías se encargara de liberar los tramos de la línea férrea que están invadidos. Se intentó obtener algún documento que detalle lo estipulado en el contrato pero no fue posible obtener una respuesta de Ferrovías S,A.