A casi un año de ocurridos los disturbios en el Congreso de la República y Plaza de la Constitución –el 21 y 28 de noviembre 2020– cuando fueron quemados papeles en oficinas de congresistas además de un bus del Transurbano, Ángel Raúl Reyes Arias, es el único sentenciado a ocho años de prisión y a una multa de Q100 mil por el daño al bus, además de Q2 mil por agredir a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Reyes Arias, proviene de una familia “disfuncional” según los informes psiquiátricos del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), a cargo de su defensa. Apenas días antes, el 9 de noviembre del mismo año, Reyes había salido del hogar seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, donde estuvo desde el 12 de octubre después de ser localizado mediante una alerta Alba Keneth, como en otras ocasiones.
Reyes Arias apenas había cumplido los 18 años antes de ser detenido. Años atrás abandonó los estudios y se integró a grupos que pernoctan en los alrededores de la Plaza de la Constitución.
El 26 de diciembre de 2012 cuando apenas tenía 10 años escapó de su vivienda en San José Villa Nueva,por lo que se activó su primera alerta Alba Keneth, un mes después fue localizado y su madre se lo llevó a la zona 6 de Mixco. Con el tiempo sumarían 20 alertas más cuando escapaba de su casa por la misma razón: buscar a su padre en el Puerto San José, Escuintla, porque no vivía con ellos.
La vida del menor transcurrió en la calle e incluso pernoctaba rodeado de personas que consumían drogas, lo que lo llevó a caer en el vicio y recibir tratamiento ambulatorio en el hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, después de varios intentos por quitarse la vida, según los informes del IDPP.
El Tribunal Cuarto dictó sentencia para Reyes el 14 de julio último, durante el tiempo que duró el proceso fue escaso el apoyo de sus familiares, incluso de su progenitora Heidy Arias, a tal punto que los defensores no pudieron sustentar los argumentos ante el juez para que se le otorgara una medida sustitutiva, al no existir una dirección certera de dónde vivía o si su madre podía asegurar que su hijo respetaría la libertad condicional y no escaparía de Mixco, donde al parecer vive.
El 28 de noviembre de 2020 un bus del Transurbano fue quemado frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Édgar Meléndez Soto, subdirector de división técnica profesional del IDPP, dice que Reyes Arias no padecía autismo como se había dicho en un principio.
“Se determinó que se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales y comprende la acciones que realizó y conoce las etapas en las cuales es investigado en el proceso. Lo que nos indica el médico psiquiatra es que creció en una familia disfuncional y lo llevó a enfrentar varias situaciones, ha crecido en grupos disociables y no tuvo afecto positivo de cariño”.
Las pruebas en contra de Reyes Arias fueron contundentes dice el fiscal Juan Carlos Herrera, pues se contó con videos de cámaras, las cuales captaron los momentos en que el sentenciado ayuda a quemar la unidad.
“El día de los hechos, estas personas tenían vestimentas bastantes características que los hacían notar entre la demás gente. El sentenciado tenía un sudadero tipo militar camuflajeado.
La empresa Expansión Corporativa Milenium S.A a la que Reyes Arias debe pagar los Q100 mil por el daño del bus, es propiedad de Luis Gómez, expresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, capturado el 3 de marzo de 2019 por su supuesta vinculación al caso de corrupción en el Transurbano. Gómez ha sido señalado de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.
Por la quema del bus aún enfrenta juicio Douglas Estuardo Cuéllar Quezada, de 24 años, un joven que, según testigos, vendía pulseras y dormía en el parque San Sebastián del Centro Histórico.
Por ahora se desconoce quiénes son los autores intelectuales del hecho. Reyes Arias, según sus abogados, no planificó el robo del bus, tampoco sabía por qué era la protesta, solo observó la trifulca y quiso participar.
Las manifestaciones comenzaron el 21 de noviembre cuando fue incendiado mobiliario dentro del Congreso de la República y fueron detenidas 32 personas que recuperaron su libertad. La molestia se debió a la aprobación del Presupuesto 2021 con amplias reducciones en varias dependencias.