Los magistrados constitucionales son amigos del poder. Del poder político de turno, que desvirtuó la independencia de las instituciones al establecer dominio sobre ellas y eliminar toda posibilidad de disenso, pero sin contrariar de ninguna forma al pensamiento hegemónico. Sin tocar un pelo al esquema prevaleciente de privilegios.

Y, sin embargo, le han dado un golpazo a la alianza gobernante de la cual hasta hoy han sido parte. Al ordenar que se renueve la Corte Suprema de Justicia de inmediato debilitan la capacidad de quienes buscan impedir la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia.

Sorprende que lo hagan porque la Corte de Constitucionalidad está integrada por puros representantes de los intereses de la alianza gobernante. Dina Ochoa, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, pero sobre todo Néster Vásquez, quien llegó a su magistratura merced a una manipulación vergonzosa de la justicia por parte de la Fiscal General Consuelo Porras, quien eliminó a su principal contendiente, son parte del poder.

Quizá hoy procuren marcar distancia y alejarse un poco de Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez. Y quizá por eso procuren sustituir a la Corte Suprema de Justicia con la cual convivieron felizmente por tanto tiempo. Pero lo han hecho en el momento menos oportuno para sus viejos aliados y nominadores.

Con una nueva Corte se abre la posibilidad de un proceso de postulación para magistrados menos amañados y se elimina de un plumazo el control sobre un Poder del Estado de un grupo adverso a la llegada de Arévalo a la Presidencia.

Y eso que juntos, los magistrados constitucionales, en componenda con la mayoría de derecha en el Congreso, dispusieron la eliminación de la única voz disidente dentro de la Corte, la de Gloria Porras, nombrada por la Universidad de San Carlos. Gracias a su contubernio para sustituirla llegó como nuevo compañero suyo un viejo conocido del sistema, Víctor Hugo Pérez Aguilera.

Es esa Corte de Constitucionalidad la que forzó la renovación del nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General, al obligar a los postuladores adversos a votar por ella.

Es esa misma Corte la que ha favorecido amablemente que se diluyan o se ablanden los cargos contra los responsables de los más graves robos de fondos públicos. Y esa Corte también estuvo de acuerdo en permitir la eliminación uno tras otro de los candidatos a la Presidencia, considerados riesgosos para el sistema de impunidad para la corrupción.

Se les escapó uno, al cual todo el mundo consideró inofensivo y para mala suerte suya ha ganado la Presidencia.

Eso les ha obligado a hacer nuevos cálculos y redefinir la situación.

Los magistrados constitucionales consintieron inicialmente el asalto contra el sistema electoral en el empeño de impedir la llegada al poder de Bernardo Arévalo, pero la convulsión social que esto provoca en el país, el rechazo resuelto de Washington y la comunidad internacional y finalmente, un cierto pragmatismo, quizá sea la razón por la cual hoy varían el rumbo.

Han entendido ya que es inevitable que Arévalo llegue a la Casa Presidencial. Y ante esa realidad ineludible, los magistrados optan por oxigenar al sistema para salvarlo de sí mismo.

Lo más probable es que los magistrados quieran salvar a la República patricia, aquella en la cual realmente no importan demasiado las instituciones.

Puede a veces perderse una parte de poder político como el control sobre el Ejecutivo, la misma Presidencia -ni modo, a veces el pueblo se equivoca-. Pero la obligación para preservar el sistema de privilegios y garantías para los más poderosos es siempre retener, no dejarse arrebatar, el control sobre el sistema de justicia.

Por eso genera tanta desconfianza la súbita decisión de renovar la Corte Suprema de Justicia.