Un fenómeno marca los tres conflictos sociales que marcaron enero: cambio constante de integrantes de las mesas de diálogo. En ninguno de esos problemas se ve la solución en el mediano plazo. Los bloqueos de transportistas que se oponen a un seguro de vida para terceros afectados en accidentes; veteranos de guerra que exigen Q120 mil de indemnización por ser reclutados durante el conflicto armado interno; y pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán que pelean por una línea limítrofe, son conflictos latentes que nos deja el primer mes de 2022.

El  21 de enero, el ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 9-2022 con la cuarta prórroga al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de daños a terceros que deben pagar buses, microbuses, taxis, mototaxis y camiones. Los bloqueos y protestas de los transportistas lograron seis meses de prórroga, en ese camino esperan llegar a consenso.

Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), una de las entidades que participó en la primera reunión, ahora con el nuevo ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, dice que no hay avances debido a posiciones distintas de cada grupo.

«Nosotros decimos que el seguro está bien, pero hay que hacerle algunas adaptaciones como que sea generalizado para todos. No solo nosotros vamos a pagar por todos los hechos de tránsito que hay en Guatemala. Las posturas de los taxistas, pilotos de tuc tuc y microbuses fueron bien radicales y quieren que se quite el seguro».

Por otro lado, están los veteranos de guerra reclutados durante el conflicto armado interno, ellos amenazan con manifestar y bloquear caminos si el Congreso no aprueba la iniciativa de ley 5664 que estipula una indemnización de Q120 mil para cada uno, sin que hasta ahora conste registro del número de beneficiados.

Hace una semana, los veteranos de guerra sostuvieron una reunión, sin acuerdos, con diputados de la Comisión de Defensa. Los veteranos insisten en recibir el dinero prometido, sin que se les indique cuándo será la próxima reunión.

Sargento Antonio Pérez  Lux, director de la Asociación de Veteranos de Guerra:

«Ahorita las comisiones tuvieron cambios por el tiempo que se les cumple. La ley estancada no está, ni engavetada, eso fue lo que nos dijeron, que tuviéramos paciencia».

Más allá de las instituciones públicas también hay una mesa de diálogo transversal a las administraciones gubernamentales. Se trata del conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Soldados recorren Nahualá como parte del estado de Sitio decretado por los enfrentamientos territoriales.

El 11 de enero el presidente Alejandro Giammattei presidió la segunda reunión entre los representantes de ambas comunidades en la aldea El Novillero, Santa Lucía Utatlán, Sololá. Para evitar más enfrentamientos y agresiones, el 19 de enero el  Congreso amplió el estado de sitio durante 30 días más. El 20 de diciembre de 2021 el Ejecutivo declaró estado de sitio por una masacre que dejó 13 muertos.

Para David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), estos conflictos solo reflejan la desestabilización social que repercute en la certeza para hacer negocios por la pérdida de movilidad. Además, causa indignación en la sociedad por el uso de recursos públicos para pagar indemnizaciones que podrían invertirse en otras necesidades.

«Eventualmente son elementos que los analistas internacionales reportan a sus casas matriz al momento de valorar las notas para Guatemala. Los bloqueos son cuantiosos a nivel privado por las multas que deben pagar por no llevar el producto a tiempo».