El martes el Congreso conoció la iniciativa de ley propuesta por diputados del partido Movimiento Semilla para eliminar la participación del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras) en unas 50 instancias del Estado. El hecho pasó desapercibido, pero que no carece de transcendencia.

La lectura en el Pleno y su envío a la comisión de Economía para dictamen se dio gracias al ascendiente precario, pero suficiente, que el grupo parlamentario de Semilla mantiene sobre la actual junta directiva, pese a no integrarla. La Legislatura anterior simplemente se negó a conocer la propuesta. Más significativo aún, la lectura se dio a instancias de la bancada oficial y al Ejecutivo se le informó de la decisión vía el ministerio de Economía.

Es difícil saber si el Presidente preferiría que los diputados no avanzaran con una medida que inevitablemente le genera escozor al alto empresariado, mientras él cultiva su relación con grandes grupos económicos. O si el Presidente optaría porque que esa decisión se discutiera antes con los líderes empresariales. Pero empieza a ser notoria la falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Sobre todo porque entre el Gobierno de Bernardo Arévalo y la bancada oficialista parece abrirse lentamente una grieta de la cual no se habla. El cincel que labró la fisura fue la Corte de Constitucionalidad a partir de la actuación del Ministerio Público. Los guardines del viejo sistema. El sistema que el presidente Arévalo prometió combatir durante la campaña.

La Corte garantizó la toma de posesión del Presidente. Los magistrados ofrecieron permanecer prestos ante el riesgo de incumplimiento del plazo constitucional y juramentación del gobernante. Pero la situación estuvo a punto de llegar al límite y solo acción audaz de los jóvenes diputados oficialistas rescató la entronización de Arévalo sin necesidad de que la Corte moviera un dedo. En cambio, los magistrados sí fueron determinados para anteponer días después, por encima de la propia Constitución, el fallo del juez Freddy Orellana contra el partido Semilla y sus diputados.

El establishment tolera al presidente Arévalo, quien se proyecta dialogante, moderado y, cuando no conciliador, al menos no hostil hacia aquellos a quienes fustigó durante la campaña. En cambio, ese mismo establishment levanta un muro alrededor de la bancada, la cual se muestra más determinada a combatirlo.

Ante esta realidad, el Presidente no pronuncia palabra ni se refiere a la condición a la cual se reduce a su bancada. Esto, entre los diputados, es percibido como indiferencia.

La reciente solicitud del Ministerio Público del acta de toma de posesión de Samuel Pérez Álvarez parece ir rumbo a un nuevo caso contra el diputado. Y es rápidamente interpretada, dentro de la bancada, como consecuencia de la indecisión del gobierno a ejercer presión política sobre una Fiscal General declarada su enemiga jurada.

Calladamente, el Presidente acepta una situación que coloca en desventaja a sus diputados. Y a la larga, a su propio gobierno. Esa actitud es coherente con su determinación general de respetar la división de poderes, mantener a cada mico cómodamente sentado en su columpio y procurar no agitar las aguas. Sin embargo, si a eso se añade que el gobierno no se decide a actuar contra los protagonistas de la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei, ni a colocar en el centro de su discurso público los puntos más importantes que su grupo político defendió durante la Legislatura anterior, la imagen que proyecta es de acomodo.

La alianza que su partido de gobierno ha conseguido en el Congreso es precaria y se sostiene a duras penas. Requiere del liderazgo político de Bernardo Arévalo para alcanzar logros reales. En esa brecha que se ha abierto entre Ejecutivo y bancada se encuentra un riesgo determinante para el gobernante que requiere de su grupo  parlamentario para ejercer el poder y desarrollar su proyecto.

La Ley de Competencia se concretará con más agilidad si pelea por ella el Presidente. Una reforma al sistema de Servicio Civil necesitará del impulso del gobernante.

Su bancada, pese a los límites que le imponen, no olvida la agenda que dio origen al Movimiento Semilla y se lanzó a leer ante el Pleno una de las iniciativas que le dio identidad política. Ya colocó el tema del CACIF en agenda, pese a la aparente indiferencia del número uno.