El retardo en el sistema de justicia del país fue ayer uno de los temas mencionados durante la conferencia de prensa por parte de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. La  canciller Sandra Jovel dio a conocer que esta causa fue una de las quejas planteadas ante la Naciones Unidas, ya que dijo que los procesos a cargo de la comisión no logran llegar a sentencias.

 “Existen un centenar de casos que tiene la Cicig,  en los cuales  no ha habido respuesta y sentencias, eso se hizo conocimiento del Secretario General  de la ONU, a lo cual aún estamos esperando respuesta”.

Operadores de justicia han reaccionado a lo dicho por Jovel:

“Tenemos funcionarios que no conocen la problemática del sistema de justicia, la mora judicial es un problema histórico en el país” aseveró el abogado penalista, Oswaldo Samayoa.

En su discurso de ayer el presidente Morales también se pronunció sobre los plazos judiciales:

“Queremos una justicia pronta y cumplida, con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales, porque una justicia tardía no es justicia”.

Ante eso, Samayoa respondió:

“Hay muchísima gente que ha cometido delitos menores o que no están vinculados a corrupción y que lleva muchos años en la cárcel. Ellos han empezado a tomar este tipo de decisiones porque se acerca su final de mandato y eso los pone más vulnerables sobre las investigaciones que puedan generarse.

Juan Pablo Ríos, exfiscal del Ministerio Público, considera que hay dos ópticas desde las cuales se puede analizar el tema de las sentencias:

 La comisión es una Comisión contra la Impunidad, no es de investigación criminal o algo así, entonces si está comprometida a reducir impunidad se tiene que llegar a la sentencia condenatoria, sino el caso sigue estando impune, así se tengan avances o la gente esté en prisión preventiva, y por supuesto que hay una obligación de FECI y CICIG de llegar a una sentencia.

Sin embargo, agregó:

“El hecho de que no estén llegando a las sentencias no es porque CICIG sea ineficiente, por eso hay gente detenida porque hay evidencia. Que no hayan podido llegar  a la fase del juicio ni a sentencia, ese no es problema de las partes procesales, ese es un problema de que el sistema no estaba preparado para estos casos”.

El exfiscal del MP, Julio Prado, coincide en que corresponde a los jueces agilizar los procesos penales:

Cuando uno analiza que reclaman la ausencia de sentencias, con prisión preventiva y casos que se han atrasado, vienen a ser más una responsabilidad de organismo judicial y no solo de la CICIG.