En 2017, una niña de 14 años de San Carlos Alzatate, Jalapa, fue al médico con Ana, su hermana de 34 años. La pequeña iba por dolor de estómago, pero descubrió que estaba embarazada. Ella tiene un retraso psicomotor y problemas de habla. Su gestación es fruto de violación sexual.

Claudia Hernández, Directora Ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, explica que las mujeres con discapacidad tienen mayor vulnerabilidad y más dificultad para acceder a la justicia:

“La limitación es que puedan brindar una declaración que permita poder unir cabos y determinar si ha sido solo un hecho o varios. Normalmente, a una víctima por el trauma le cuesta generar un relato, no se diga con alguien que sufra una discapacidad.”  

Ana no es su nombre, pero solicitó no ser identificada. Se hace cargo de su hermana desde 2013 cuando murió su papá, y agrega que la lucha por darle voz a su hermana es muy dura:
“Yo creo que ellos pensaron que yo no iba a hacer nada porque como solo estoy yo con mi hermana. Mi familia, pues tengo, pero no están pendientes de nosotros. Cuando yo me enteré de esto, me enojé tanto. Dije voy a denunciar porque si no lo hago, se van a estar riendo de mí.”  

La chica identificó a 4 hermanos, vecinos suyos, como los agresores. Sus edades van de los 22 a los 34 años. El 4 de noviembre de 2020, 3 años después, los cuatro acusados fueron capturados y el 10 de noviembre se realizó la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Jalapa.

Ivanna Barrientos del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, acompaña a Ana en el proceso penal y le da asistencia legal gratuita. Barrientos expone los avances:

“Se logró ligar a proceso a los 4 sindicados acusados por el delito de violación. Tenemos una audiencia ya fijada para la extracción de prueba de ADN para los 4 sindicados, para identificar quién es el progenitor de la bebé. Ya tenemos fijada nuestra audiencia de etapa intermedia.”

A pesar de los aciertos, Ana tiene temor y nos dice:

“El problema es que los dejaron salir y después estaban burlándose de mí, reventando cuetes y diciendo un montón de cosas. El papá de los muchachos dice que va a pagarle a alguien para que incendien mi casa, que ellos son inocentes y un montón de cosas.”

A Hernández la medida también le preocupa:

“Lastimosamente, las decisiones que están tomando la mayoría de jueces cuando las víctimas son mayores de 14 años es dejarlos con arresto domiciliario. Esto sí es una situación que a nosotros nos viene preocupando porque la mayoría de agresores colindan con sus víctimas.  Tienden a poner a la comunidad en contra, pero también hay otro riesgo que es que se dan a la fuga.”

En 2020, el Ministerio Público registra 75 mil 313 víctimas de delitos en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y sólo 1 mil 149 agresores condenados.