A 77.9 kilómetros de la capital se encuentra Purulhá, municipio de Baja Verapaz, donde desde hace 7 años opera la hidroeléctrica Sacjá S.A. Aunque durante su construcción, que tuvo una duración 3 años, las comunidades del área resistieron a la planta, los conflictos fueron menores y, con el paso del tiempo, desaparecieron.

Pero hace 4 meses la conflictividad despertó y provocó la movilización de unas 500 personas contra la hidroeléctrica. La razón: disputa de agua y tierra. Así lo afirma Heinz Flor, trabajador administrativo de la empresa:

El problema siempre ha sido el agua. En la propiedad de la empresa pasa el río y también pasa en la comunidad. Se construyó una toma de agua en la propiedad de la empresa y ese es el conflicto de ellos, ya que dicen que  las colindancias donde se construyó la toma de agua, son de ellos, como que nosotros fuéramos los invasores.

Hace cuatro meses se intensificó el conflicto, hace como dos años fueron y quitaron el agua  y se solucionó, pero hace  cuatro meses fue que ellos empezaron a pasarse a nuestra propiedad, cortaron árboles, quitaron los cercos, colocaron sus propios mojones y empezaron la destrucción de los canales.

La corporación desconoce las causas reales de la conflictividad, pues aseguran que han colaborado con los pobladores creando oportunidades laborales tanto para la comunidad Monte Blanco en conflicto, como otras:

Se les daba la oportunidad a grupos de entre 20 y 30 personas para que llegaran a trabajar a la hidroeléctrica. Se hacía por 22 días para que 8 comunidades tuvieran oportunidades de empleo.

Sebastián Castro, alcalde de Purulhá, señala que el conflicto es por límite de tierras entre la finca que ocupa la aldea y la comunidad Monte Blanco; sin embargo, la solución, según él, está en manos del Registro de Información Catastral (RIC).

“Ellos no acuden acá, porque ahí es el RIC que está midiendo, sin embargo ello –los comunitarios- no aceptan que se mida la finca”.

El proyecto lleva 4 meses sin operar debido a la amenaza de los comunitarios. En aquella ocasión, las operaciones debieron detenerse debido a que fue saboteó el fluido eléctrico. El pasado lunes que se pretendía retomar las actividades, 25 trabajadores llegaron a la hidroeléctrica acompañados de al menos 75 elementos policiales, sin embargo los opositores  arremetieron, así lo relata Eduardo Sam Chum, periodista del área:  El problema fue que ellos fueron a dialogar con lo comunitarios porque los vieron que estaban en la parte alta, pero ellos no permitieron el diálogo. Los atraparon en el lugar, algunos agentes los tiraron en el barranco, los golpearon les quitaron parte del equipo.

El trabajador de la hidroeléctrica, Heinz Flor, señala también que los comunitarios tomaron armamento de la policía y eso los tiene intranquilos: 682. 345 fueron como 25 pistolas las que les quitaron, ellos ahorita se armaron y tenemos temor de qué pueden hacer.

Pablo Castillo, vocero de la PNC confirmó la desaparición armas: la PNC realizó una denuncia a la fiscal distrital de Baja Verapaz  sobre el robo de armas de fuego propiedad de la institución. La información preliminar que se manejaba es que todos los policías habían sido despojados de sus armas, sin embargo, se realizó la devolución de las mismas a excepción de tres armas de fuego, dos pistolas 9 milímetros y una subametralladora.

La situación se encontraba en fase conciliatoria, sin embargo los pobladores desistieron del diálogo. Para esta nota ConCriterio hizo todos los esfuerzos para tener la postura de los comunitarios, pero no fue posible contactarlos.