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En 2022, la novena Legislatura reformó la Ley de Migración y elevó de 10 a 30 años de prisión para los responsables de “tráfico ilegal de guatemaltecos con ánimo de lucro”. La norma contempló entre Q100 mil y Q200 mil de multa para quienes trasladen, capten, alojen, oculten o transporte por cualquier vía o medio a las personas que no cumplan con los requisitos migratorios legales.
No es desconocido que los grupos de migrantes que van hacia los Estados Unidos, se van moviendo como nómadas de ciudad en ciudad y avanzado conforme los llevan los coyotes o traficantes de personas. En la ruta por las distintas localidades se refugian en hoteles de paso, pero los propietarios temen que se les aplique lo contemplado en la llamada ley antiinmigrantes.
La Fiscalía Contra Tráfico Ilegal de Migrantes del Ministerio Público, respondió que ha identificado unos 20 hoteles en Esquipulas, Chiquimula; San Marcos; Huehuetenango y Sayaxché, Petén; que colaboran con grupos de coyotes.
Dijeron que aunque las reformas del 2022, no se habla nada respecto a penas para personas que alojen migrantes como una figura o delito, cuando en las investigaciones se establece que este acto existe y se realiza como una función para un grupo criminal, puede perseguirse penalmente por el delito de asociación ilícita, toda vez que esta conducta se encuentra dentro de los verbos rectores del artículo 107 bis de la ley de la materia donde indica el verbo «alojar».
Temor por persecución
ConCriterio llamó a un hotel de Huehuetenango, para preguntar si aceptan grupos de migrantes la respuesta fue:
“Podemos decir que es un grupo de excursión, porque han venido equipos de fútbol, hay quienes vienen en microbuses a peregrinación, entonces podemos decir que es algo así”.
Este hotel se encuentra cerca del estadio Los Chuchumatanes, en Huehuetenango, al consultar sobre la presencia de policía, la dependiente responde: acá nunca han entrado, aquí la calle está lejos de donde está el hotel, la otra vez nos trajeron un grupo y no hubo problema.
Lesly Tayes, abogada independiente y consultora en temas migratorios:
Cada vez que uno va a un hotel por supuesto que uno pone sus datos, pero no tendrían ellos por qué pedir el documento, para asegurarse sí están de manera regular dentro del país. Además, ellos pueden pedir una identificación, pero eso no asegura que la persona está de forma regular dentro del país. Tendría que tener mucho conocimiento la persona de recepción para establecer eso y aceptar o no a un cliente. Entiendo que si hay una investigación atrás debieron haber establecido algo más para involucrar al propietario.
Y, la Fiscalía respondió que: los propietarios deben saber que es prohibido alojar migrantes, cuando los pasaportes no se encuentren debidamente sellados o no aporten otro documento que las autoridades de migración les otorguen.
El 22 de enero pasado la Fiscalía Contra el Tráfico de Migrantes, capturó a Genoveva Pérez, propietaria del hotel Arizona, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, vinculada con una red de coyotaje. En el recinto albergaban y alimentaban a grupos de migrantes y Pérez, presuntamente era la líder de la estructura. Hay investigaciones en curso sobre otros hoteles, asegura el MP.
José René Pinto, alcalde de Chiquimula, una ciudad que frecuentemente recibe a cientos de migrantes provenientes de Honduras y otros países del sur, nos dice que es responsabilidad de cada propietario: La ley es clara, es lo que nos rige y debemos respetarla. A menos que el Congreso decida modificar ciertos artículos”.
Mientras que la abogada apunta: “violenta los derechos de los propietarios de los hoteles. Incluso migrar es un derecho, lo que es ilegal es quizá un estatus migratorio, no la persona en sí.