El Informe de Auditoría de la Contraloría General de 2020 realizó 2 mil 023 auditorías a instituciones públicas. Los auditores presentaron 74 denuncias contra instituciones del Estado, 54 de ellas dirigidas contra municipalidades; así mismo, se presentaron 54 formulaciones de cargo y 121 denuncias penales.
Marvin Flores, analista investigador de Acción Ciudadana, organización no gubernamental dedicada a la fiscalización pública, considera que la Contraloría debe reforzar la prevención de casos de corrupción y evitar las sanciones administrativas o penales.
“Lamentablemente no lo revela los casos que debiera revelarse. Por ejemplo, hay muchas compras que se hacen bajo estado de excepción. La Contraloría normalmente revisa las cosas de forma, no de fondo. No hace una revisión de gasto contra facturas o documentos y eso normalmente no refleja cuando una obra es de mala calidad o cuando se contratan empresas de cartón”.
El 2020 fue un año atípico en la administración de los fondos públicos: la pandemia y las tormentas Eta e Iota, provocaron modificaciones a los presupuestos de carteras como el Ministerio de Salud, Comunicaciones, Desarrollo Social, Educación; entre otros.
Con esos antecedentes Flores, agrega que la emergencia sanitaria fue una oportunidad para incrementar los casos de corrupción. El Ministerio de Salud recibió señalamientos de corrupción, el informe reporta nueve hallazgos y se presentaron denuncias. Una de ellas es la irregularidad en el proceso de adquisición de prueba rápida para detectar Covid-19.
Lucrecia Hernández Mack, diputada de la bancada Semilla, ve instrumentalización en la institución por la falta de criterios, lo que según ella no genera confianza en su informe:
“Lo que vemos es una inconsistencia en los criterios de la Contraloría, en donde uno no sabe si cierto hallazgo amerita solamente una recomendación, si amerita una sanción de tipo administrativo con multa o si tiene que ser denuncia penal”.
En tanto el diputado Duay Martinez, del bloque VAMOS, defiende los resultados del informe, ya que considera que desde el proceso de fiscalización hay transparencia.
“La Contraloría General de Cuentas, en el marco propio de sus facultades, está desarrollando cada una de las actividades que le corresponde. En ningún momento realiza sus acciones escondido o bajo criterios que son opacos o que la población no puede revisar”.