Escuche la nota aquí:
A 30 kilómetros de la frontera entre Guatemala y México en el norte de Petén, permanecen protegidas en estos momentos con una fuerza de seguridad del Ejército y la División de Protección a la Naturaleza, de la Policía Nacional Civil (PNC), por la amenaza de invasión de terrenos en áreas protegidas en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).
El 30 de marzo, 12 hombres armados fueron capturados en la Sierra Lacandón y se les señala de atentar contra el Patrimonio Natural. Hay un hallazgo que pone en alerta a las autoridades: las fuerzas de seguridad encontraron marcaciones en los árboles a cada 300 metros, a lo largo de los 30 kilómetros hoy protegidos, incluso la construcción de una carretera de 8.2 kilómetros de la frontera con México al Parque Nacional Laguna del Tigre. Esa carretera ya fue destruida según las autoridades.
Para los encargados de la preservación del área, queda claro que hay intención de establecer asentamientos humanos en los terrenos protegidos, pero ¿quiénes son y para qué ocupar esas áreas?
Rubén Téllez, vocero del Ministerio de la Defensa: desde que se iniciaron los patrullajes no se encontraron personas. Puede ser cualquier cosa: un asentamiento humano buscando donde vivir, interés de explotación de madera, el narcotráfico en busca de tener terrenos cerca de la frontera e incluso la depredación de sitios arqueológicos.
Urgente
12 personas capturadas, la incautación de 6 armas de fuego y radios comunicadores, es resultado de operativo de policías de DIPRONA apoyados por soldados del Ejercito de Guatemala en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, Las Cruces, Petén.
Se ampliará pic.twitter.com/xa5Env9GEO
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 30, 2024
Los ecologistas están preocupados por el avance de estos grupos. María Marta Molina, de la Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno- Calmecal
Una amenaza nueva en el área transfronteriza en el parque nacional Mirador y Río Azul, se han identificado procesos de deforestación.
Durante dos días este reportero solicitó entrevista con Igor de la Roca, secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), pero no atendió. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia respondió que el caso fue elevado al Consejo de Seguridad. Byron Castellanos, director de la Asociación BALAM, una organización de protección ambiental e integrante del consejo del CONAP, en representación de las ONG:
Es derivado de la ausencia del Estado durante los últimos 20 años en territorios claves y estratégicos de las áreas protegidas, que son aquellas que conectan con países vecinos y que, al no haber presencia nacional, esto trae como consecuencia la proliferación de actividades ilícitas. Es una alianza perversa entre pobreza y crimen organizado que empiezan a desarrollar actividades ilegales.
Este consejero del CONAP, remarca que confluye la necesidad y la perversión:
hay que reconocer que hay comunidades que son pobres y tienen necesidad de subsistencia y del otro lado hay organizaciones que tienen intereses para ocupar la tierra para fines especulativos de venta de terrenos: les ofrece terrenos, los engañan, los asientan y les prometen títulos de propiedad que nunca van a obtener porque la ley no lo permite.
En efecto, el decreto que creó la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), en 1990 prohibió asentamientos humanos en sus 2 millones de hectáreas y 782 kilómetros lineales. No obstante, en las áreas protegidas bien pudieran confluir al menos 3 municipios, pues las organizaciones documentan cerca de 60 mil habitantes en la zona. Según la representante de CALMECAC:
El CONAP, plantea acuerdos de permanencia mediante el manejo de los recursos naturales, definen polígonos para poder articular de manera armoniosa la presencia de comunidades y asegurar el ecosistema de estos parques.
Entre la Sierra Lacandón y Laguna del Tigres, hay unas 37 comunidades, pero casi la mitad está de forma ilegal. Lo que significa que no tienen acceso a servicios básicos, salud y educación; algo que sí tienen, aunque con precariedad quienes están avalados. Los ecologistas reportan daños, señalan que el 60% de la laguna del Tigre tiene actividades agrícolas y ganaderas y la Sierra Lacandón 40%.
Además, demuestran frustración: el CONAP, tiene presupuesto de Q139 millones para atender 33% de la superficie nacional. Reclaman que los marcos jurídicos ambientales son débiles: los delitos en áreas protegidas no son mayores a 5 años y gozan de medidas sustitutivas.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos de Propiedad entre 2018 y 2023, Petén acumuló 642 denuncias por usurpación y usurpación de áreas protegidas. El 90% de los casos son cerrados por salidas alternas y no por sentencias.
Observatorio de Derechos de Propiedad.