Desde el 2004, tanto sectores sociales y diputados han presentado 75 iniciativas para reformar la Ley de Minería vigente desde 1997, sin que alguna haya salido victoriosa del hemiciclo parlamentario.

Una más que busca una “moratoria de las licencias de reconocimiento, explotación y exploración de la minería metálica”, fue presentada por diputados del partido Semilla. Con esta se propone que durante 10 años no se otorguen nuevas licencias para la extracción de minerales y que las que expiren durante ese tiempo no sean renovadas. La iniciativa propone un tiempo para crear una nueva ley con mejores criterios para cuidar el medio ambiente y que sea consensuada con las comunidades involucradas.

De aprobarse la iniciativa presentada, también se suspenderían las licencias de explotación de oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro que tengan una extensión mayor a cinco kilómetros cuadrados.

El diputado Román Castellanos, ponente del proyecto, refirió que la finalidad es que durante el tiempo de la moratoria “se pueda construir una Ley Nacional de Minería con mejores criterios”. Ahora Castellanos espera obtener el apoyo de otras bancadas, al considerar que hay más conciencia por los conflictos que ha provocado la extracción de minerales.

«Creo que es un momento adecuado porque varios hechos alrededor de la minería han desnudado cómo operan y en qué condiciones extraen los minerales. Queremos construir una nueva ley que se ajuste a estándares internacionales».

La moratoria podría terminar antes de los diez años, pero solo si se aprueba una nueva ley y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) efectúa estudios para determinar qué minerales hay en todo el territorio nacional.

Rafael Maldonado, abogado experto en derecho ambiental y quien ha asesorado a comunidades que se oponen a proyectos mineros, dice que solo se trata de “una iniciativa más que se presenta al Congreso”, pues desde 2004, cuando comenzó el conflicto minero en San Marcos por el proyecto minero de Montana Exploradora, se han presentado 75 propuestas de ley, pero no avanzan por el “poder que las empresas tienen en el sistema político”.

«De hecho estas iniciativas están en el Congreso porque no han llegado ni a segunda lectura, ojalá que pueda avanzar. Aunque lo dudo, pudimos ver que no se ha querido ni aprobar un punto resolutivo para instar al cese de operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel».

De aprobarse la iniciativa se suspenderá por 10 años la extracción de minerales metálicos.

En cuanto a regalías provenientes de la minería, durante 2020 el país percibió Q3.9 millones, según el MEM. La bancada Semilla propone que las empresas extractivas entreguen durante el tiempo de la moratoria un 51% por ciento de regalías al país, para que el 40% sea destinado al gobierno central y el 11% por ciento a las municipalidades.

Maldonado recordó que cuando se aprobaron las leyes de actualización tributaria en 2012,  se logró subir el porcentaje de las regalías  al 10% pero las empresas mineras por medio de los alcaldes de Santa Rosa presentaron una acción de inconstitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto lo dispuesto.

Los parlamentarios incluso sospechan que se extraen materiales no autorizados con las 21 licencias mineras que actualmente operan en Huehuetenango, Baja Verapaz, Jutiapa, San Marcos, Izabal, Santa Rosa y Guatemala.

Para Julio Luna, director del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (Cesem) de la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), una moratoria es un camino intempestivo y en 10 años, solo se trabajará una ley de prisa para reactivar de nuevo el sistema minero y no faltarán los sectores que retardarán más el proceso.

«En otros países las regalías nunca son de 40 o 50 por ciento, las regalías son como contraprestación a todos los impuestos que paga una empresa, si vamos a cambiar la regalías debería cambiar la forma en que se cobran los impuestos y tratar de definir qué deberían pagar. Hay países donde no se pagan regalías porque se tienen como impuestos».

Ante esta iniciativa presentada la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico se pronunció mediante un comunicado y exhortó  a la sociedad guatemalteca, a no caer en provocaciones que esconden los “verdaderos intereses de terceros que no solo desacreditan la imagen de las compañías, sino que pretenden suspender las operaciones de CGN”.

“En tiempos difíciles, nuestros directores un guatemalteco y un ucraniano unen sus esfuerzos como nunca en nombre de sus compatriotas, haciendo de conocimiento general las intenciones de entes externos que no piensan en el bienestar de más de 3700 colaboradores y sus familias de El Estor y el pueblo ucraniano de Pobuzhsky que son el sustento de miles de personas más”.