Escuche la nota acá:

En diciembre del año pasado la Fiscal General Consuelo Porras, aseguró que durante su administración frente al Ministerio Píublico (MP), la mora de casos se redujo en 98% y 96%. Pero la población percibe que los datos no son reales.

La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad analizó datos nacionales de las fiscalías contra Corrupción y la deDelitos Administrativos. Según sus resultados, entre 2020 y 2023 desestimaron hasta 7 de cada 10 denuncias. Luis Compa, coordinar de esta organización nos cuenta que revisaron los datos porque las denuncias que presentaban no avanzaban:

Presentamos ante el MP, 98 denuncias señalando casos de corrupción contra funcionarios y servidores públicos; sin embargo, notamos que hay una práctica de desestimación de casos, a pesar de las evidencias para iniciar investigación. A raíz de las desestimaciones presentamos oposición ante juez competente y en todos los casos -menos en uno- el juzgador dejaba sin efecto la desestimación poque consideraba que existían indicios suficientes.

En 2022 Ruth Molina Gonon, vecina de Huehuetenango, presentó una denuncia en la fiscalía local para que se investigara la muerte de tres familiares suyos ocurridas en los últimos 20 años y en el que se sospecha que el autor intelectual es el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Nicolás Segundo, por una deuda de Q2.2 millones a la familia, según reveló una investigación del medio NoFicción.

 “Nosotros decidimos que el caso se fuera de Huehuetenango para la capital y allá lo devolvieron, porque no lo quiso ver la Fiscalía contra Crimen Organizado ni la de Crimen Contra la Vida. Y si no lo pueden ver ellos ¿quién? luego lo mandaron para Feminicidio; al final nos devolvieron el caso y pensamos que es una estrategia para no proceder y entonces ahí está dormido. Lo mandaron de nuevo a Huehuetenango y argumentan que el testigo protegido debe revelar su identidad”. En marzo de 2023 Francisco Rivas, abogado de la familia Molina Gonon, solicitó una cita a la Fiscal Porras, para indagar en los avances, pero no obtuvieron respuestas.

La víctima atribuye el estancamiento o rechazo a falta de voluntad, que cree proviene desde la jefatura del MP:

Es como que yo le dijera a mi hija: “mirá tenés que hacer tu tarea”, y ella me diche no quiero. Es su trabajo y obligación.

Un caso que solo avanzó cuando se volvió mediático fue el de Floridalma Roque, la mujer que entró a una clínica de la zona 14, por un procedimiento estético, pero ya no salió con vida. José Roque, de 42 años, hijo de la señora:

Al inicio estábamos muy decepcionados, porque encontrábamos negativas por todos lados. Parecíamos una pelotita de ping-pong, nos mandaban de un lado para otro, quisa tratando de desesperarnos. Yo llegué a pensar que estaban protegiendo a victimario y nos revictimizaban como familiares. Pero por medio de nuestro abogado solicitamos el cambio de fiscalía y la respuesta fue inmediata. Feminicidio tomó el caso y después de que por un mes no había nada, esta en cinco días dio resultados y a los presuntos culpables. Pero como dice el dicho ”un solo tizón no hace tanta llama”, pueden haber muchas personas que sacan el pecho por la institución, pero si los jefes no ¿qué pasa? Si la cabeza no está bien, la cola menos, aunque el cuerpo esté dando batalla.

Kevin Malouf: cirujano con historial de seis denuncias en el MP; los casos más graves sin resolver

Una reciente encuesta de Oxfam, encargada a la consultora CIDGallup, reveló que los jóvenes consideran que el segundo problema del país es la corrupción, solo por delante está la falta de empleo. Además, el 69% respondió que no tiene confianza en el MP.

Encuesta Oxfam.

Luis Compa cree solo hay una forma de iniciar con la reconducción del MP:

Lo que se debe hacer es sacar a la Fiscal General, ella es el motor de impunidad en Guatemala y está garantizando a los corruptos para que continúen saqueando los recursos públicos.

Consuelo Porras, está protegida por la Corte de Constitucionalidad CC), ante las peticiones de que sea destituida. Un grupo de Constituyentes propone llevar su caso a consulta popular y desde el congreso se analiza reformar las leyes.