Ha pasado una semana desde que el exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruíz, de 46 años, se entregó a la justicia después de permanecer prófugo desde octubre de 2020. Hubo intentos de entrega antes, casi inmediato al descubrimiento de unas maletas con Q122 millones en una residencia de Antigua Guatemala rentada a su nombre. Entonces contactó a fiscales a cargo del proceso y manifestó no solo deseo de afrontar a la justicia, sino además temor.

Hay dos procesos en contra del exfuncionario: las maletas con dinero y otro es la causa abierta por sospechas de corrupción en la obra pública llamada Libramiento de Chimaltenango.

El Sistema Penitenciario no reporta seguridad extra en la cárcel militar de Mariscal Zavala además informa que está en las mismas condiciones que el resto de internos.

La historia es distinta a 2020 cuando intentó rendirse ante la justicia. En ese entonces se comunicó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y solicitó garantías de seguridad, pues argumentó que el alto cargo que ocupó en el gobierno lo ponía en riesgo. Eso dice Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien no descarta que el exfuncionario se haya entregado  al considerar la condecendencia del MP.

«El manifestó ese temor con respecto a que no se podía asegurar su seguridad en el país, por eso me sorprende que ahora haya aparecido y que entre las manifestaciones realizadas están las relacionadas con que es un momento político que él considera adecuado. Ojalá dirija su atención el MP, a que se descubra la verdad y no a tratar de protegerlo».

Sandoval asegura que nunca tuvo comunicación con Benito y todo fue por medio de sus abogados. Tampoco tenía información de donde se encontraba.

«Le indiqué a su defensa que la única forma de recibir el beneficio que pedían era que se pusiera a disposición de la autoridad, les sugerí que si tenía temor que lo denunciara para que el aparato estatal resguardara su vida».

Q122 millones fueron localizados en una vivienda de Antigua Guatemala, los cuales según la FECI pertenecían a Benito Ruíz.

Un año después, ya a finales de noviembre de 2021, la familia del exfuncionario contactó al abogado Jonathan Villatoro para que lo defendiera, pues tenía planes de entregarse. Villatoro fue abogado de Gustavo Martínez, exsecretario privado y yerno del expresidente Otto Pérez Molina, ambos involucrados en el caso Cooptación del Estado. También defendió al exalcalde de Salamá, Baja Verapaz, Juan Véliz Izaguirre, señalado de lavado de dinero y por la compra anómala de un terreno por parte de la comuna.

Villatoro dice desconocer a la familia de Benito Ruíz y que alguien lo refirió para que llevara su caso. El primer contacto físico que tuvieron con el exfuncionario, dice él,  fue el viernes pasado en el Juzgado de Turno de Mixco donde se entregó.

«Alguna seguridad especial no consideramos que sea el caso (para Benito). Sí consideramos que tiene que ser un centro de detención como el de zona 17 por motivos meramente de seguridad, pero no porque exista alguna amenaza, simplemente por los casos tan mediáticos como el tema de las maletas con los Q122 millones, su seguridad corre riesgo en otro centro, por razones humanitarias el juez accedió a trasladarlo a ese centro».

Villatoro dice que Benito se entregó por cuestiones de defensa técnica y porque ya había tenido negociaciones con Sandoval para resolver su situación jurídica pero no se permitía el “apersonamiento” de los abogados y porque la única forma de resolver su situación era entregarse.

«Obviamente había entrado en estado de depresión en el sentido que mucha gente lo condenó antes de empezar un proceso, entonces no por poder estar con su familia y cuestiones personales si le afectó emocionalmente».

Una persona cercana a este proceso contó a ConCriterio que el exministro permaneció en Nicaragua, pero Villatoro dice que él no puede revelar dónde estaba Benito. Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración respondió que, por ser información “sensible”, no podía ser compartida.