Celebramos la prisión domiciliar de Jose Rubén Zamora como un hito, un cambio importante en las condiciones políticas del país después de 813 días de cárcel arbitraria para la figura más reconocida en el periodismo nacional.

La resolución del juez Érick García llega al final de las cansadas, cuando los torturadores de Zamora se ven obligado a correrse un riesgo con sus jueces confiables.

En su esfuerzo por prolongar la prisión de Jose Rubén, FundaTerror recusó al juez Jimmi Bremer, leal colaborador de su causa, de criminalizar a quienes han criticado la corrupción. Su mejor expectativa era que la recusación fuera rechazada por la Sala de Apelaciones, pero resulta que fue aceptada y solo por esa razón, un juez suplente llegó a conocer la petición de Zamora de darle finalmente casa por prisión.

A Jose Rubén nunca dejó de acompañarle su gremio que, a diferencia de tantos otros sectores organizados que mostraron indiferencia o incluso placer por su encarcelamiento, se pronunció cada día a favor de liberarlo. La comunidad internacional siempre fue activa a su favor.

Pero hay además dos circunstancias distintas que favorecieron a Jose Rubén: el gobierno actual no lo persigue; por el contrario, de ahí que la Procuraduría General de la Nación (PGN) se expresó por su salida de la prisión.

Luego, se han integrado Cortes Suprema y de Apelaciones nuevas hace dos semanas. Hay un cambio, no sabemos de qué magnitud, en la cúpula de la Justicia.

No lo sabemos porque hasta hoy siguen en su puesto los jueces que favorecen al Ministerio Público de Consuelo Porras para liberar a los corruptos y perseguir a los opositores de la corrupción.

Con este panorama es sensato preguntarse cuánto contribuimos todos nosotros, quienes hoy celebramos la excarcelación de Jose Rubén, a validar ese sistema.

Vivimos a expensas de una administración de justicia que no ofrece garantías al acusado. En este caso, solo por extenuación del esfuerzo retardatario, un juez ajeno al contubernio con el Ministerio Público finalmente conoció el proceso.

Ese juez, por cierto, fue objeto de amenazas y fue necesario brindarle protección. Aun así, no admitió tácticas dilatorias del MP y FundaTerror y resolvió en derecho.

Jose Rubén Zamora tiene razón al explicar que es probable que vuelva a la prisión. Una sala de Apelaciones, con influencia de quienes se benefician de la corrupción, puede revocar la prisión domiciliar.

Así, su liberación, con todo lo buena que es, refleja cuán lejos estamos de contar con un auténtico sistema de justicia confiable.

Su excarcelamiento no es resultado de un esfuerzo de la justicia por corregir un abuso, sino más bien la suma de muchos factores aleatorios. Su caso pudo caer en manos de alguien tan prejuiciado como Jimmi Bremmer.

El sistema está lleno de jueces alineados con la corrupción. Los corruptos salen libres y disfrutan de lo robado, gracias también a fiscales y magistrados.

La libertad a medias de Jose Rubén dependió mucho, demasiado, de un loteriazo. Esa no es la circunstancia en que una sociedad democrática debe vivir.

Quienes, encabezados por el presidente Bernardo Arévalo, nos proponen que sigamos la ruta larga de la renovación cíclica de las instituciones nos piden que esperemos una, dos décadas más, para que el país atisbe la democracia.

La otra opción es una reforma impulsada desde el poder, con apoyo popular. Esa, y no otra, es la verdadera disyuntiva del momento .