Consuelo Porras, Fiscal General y jefe del Ministerio Público debió rescindir el contrato de nombramiento de Karin Cristina Orellana Pinto, designada como fiscal especial, para investigar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La designación de Orellana Pinto era exclusiva para atender denuncias de la Fundación Contra el Terrorismo, una entidad que abiertamente ha mostrado su oposición a las investigaciones de la FECI y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pero eso no es todo: la Fiscal Especial, designada y fugazmente destituida por Porras, de acuerdo con Guatecompras, aún trabaja para la municipalidad de Guatemala, como asesora en a la dirección de Fideicomiso de apoyo a la planificación Urbana, bajo investigación de la FECI, que en 2019 apuntó a que se usaron fondos de este fideicomiso para financiar la campaña 2015 del fallecido alcalde Álvaro Arzú.

Por este caso se le retiró la inmunidad a Víctor Martínez, vice alcalde y ya fue acusado y hay un amparo pendiente que definirá si se retira la inmunidad al actual alcalde Ricardo Quiñónez, ambos funcionarios según las investigaciones estuvieron involucrados cuando se cometieron los hechos.

La abogada también tuvo un contrato en Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) que pertenece al ministerio de Comunicaciones y que era dirigido entonces por José Luis Benito, el exministro prófugo vinculado a los Q122 millones hallados en una casa de La Antigua.

Juan Francisco Sandoval señala que acumula 47 denuncias en su contra, el 35% provienen de la Fundación Contra el Terrorismo, la mayoría están asignadas a la Fiscalía de Asuntos Internos, y aunque en esta unidad llegan al punto de desestimación, por orden superior no se van a la gaveta y continúan vigentes:

En información que he tenido en labores de procuración es que ellos culminan su trabajo, determinan que existen elementos para desestimar y someten a consulta -desconozco a consulta de quién-, pero van a detrimento de mis derechos y muchas veces lo que buscan es desgastarme en mi trabajo. Y ¿a quién consultan los fiscales?, somo una institución jerárquica entonces se entendería a quién se someta a consulta, pero no tengo la propiedad para confirmarlo, –pero ¿se entiende que es la Fiscal General? Debiera de ser así.

Se consultó al Ministerio Publicó sobre lo dicho por Sandoval, pero no hubo respuesta. El MP respondió a través un comunicado de prensa que fue el Fiscal de Asuntos Internos quien solicitó nombrar a un Fiscal Especial, dado que Sandoval, recusó al jefe de esta sección. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP:

Ante denuncias presentadas contra personal de la FECI estas han sido conocidas por la Fiscalía de Asuntos Internos, pero en virtud de que la parte denunciante denunció también al personal de Asuntos Internos, el fiscal de sección realizó la solicitud al despacho de la fiscal para que se nombre a un fiscal general.

Así mismo hace referencia al artículo 44 de la ley Orgánica en cuando a la facultad de contratar a un Fiscal Especial, cuando sea necesario y ejemplifican: Caso Siekavizza, Mérida Escobar, Universidad del Valle; entre otros.

El fiscal Sandoval cree que fue a petición de la Función que contrató a Pinto Orellana, sobre las denuncias comenta:

Me han acusado hasta de ejecución extrajudicial, hay denuncias que son tan descabelladas que no encuentro justificación por qué no se han desestimado. Algunas vienen desde el 2016 pero se han incrementado exponencialmente desde 2018 y lo que tratan es de quitar del camino a quien no esté de acuerdo con intereses corruptos.

La Fiscal Especial que había nombrado Consuelo Porras, además de estar asociada con entidades investigadas, tiene un historial de suspensiones para ejercer temporalmente, los registros del Organismo Judicial, reportan que fue suspendida en 2013, 2014 y 2016, no estableció los motivos.

Orellana Pinto es graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala abogada y notaria, en 2011 fue aprobada su tesis, en la que agradece por sus enseñanzas a:

Landelino Franco: abogado prófugo que apoyo al sindicato de salud en las negociaciones del pacto colectivo a cambio de que el 10% de los bonos de cada trabajador fueran a parar a sus cuentas en total Q14 millones, no obstante, el dinero salió de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.

Erick Santiago de León: exmagistrado de sala condenado a 5 años de prisión por intentar cobrar soborno a cambio de favorecer a una empresa para evitar el pago de Q93 millones.

Entre otros Los cuestionamientos sobre Pinto Orellana, se publicó una captura de pantalla en la que da retuit a una publicación del tuitero conocido como “Yes Master” asiduo critico de la FECI y CICIG.

Pero la fugaz funcionaria de Consuelo Porras no ha sido la única que comparte mensajes de opositores a la FECI, en octubre lo hizo Ángel Pineda, secretario de Política Internacional, que compartió una publicación de la Fundación que denuncia a Juan Francisco Sandoval.

El mismo mes Michael Kozak, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje a Porras: “Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción de la FECI”. Al mensaje la Fiscal, respondió: el MP es una institución independiente, “no política ni mediática”.