Rafael Curruchiche se mantiene en permanente campaña. En redes sociales ha adoptado la personalidad del alcalde Neto Bran. Difunde el video del último trecho de sus doscientas abdominales diarias, pasea en la playa en una Mulita Yamaha Viking de Q250 mil, su torso se transforma -gracias a una aplicación- en el de un gladiador; saluda a la Selección de Fútbol en el día de su triunfo y asegura que, a su ingreso, los guatemaltecos se ponen de pie en los restaurantes para acercarse a felicitarle y a retratarse con el héroe.

Sin embargo, cuando se somete como candidato a una magistratura de la Corte de Apelaciones, el foro lo rechaza. Los postuladores no quieren cargar con el costo de apoyarle.

Un juez cercano a su causa (la de la impunidad para la corrupción) no escatima en críticas para su trabajo desde el estrado. Y con base en esas críticas, desestima los cargos que le presenta el Ministerio Público.

El suyo es el caso ilustrativo del fracaso de quienes, luego de dar por concluido el acuerdo con Naciones Unidas para el mantenimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, emprendieron la persecución feroz de los operadores de justicia que encarcelaron a muchos corruptos. Han perdido la batalla de la opinión pública. Su causa es simplemente impresentable. Esa es la conclusión. Quien expresa apoyo hacia ellos es visto como un beneficiario de la impunidad.

Y en el mundo no ocurre distinto.

No es casual que las democracias más reconocidas del globo les rechacen. Y no importa el signo ideológico de quien gobierne en esos países. Simplemente, no les quieren cerca.

La Fundación del Terrorismo lo ha corroborado en las últimas semanas. Mueve a risa que consideren un logro la emisión de órdenes de captura locales contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo.

La Interpol simplemente ya no tiene en cuenta los pedidos de la Fiscalía de Guatemala en todos esos casos que apestan de lejos a venganza política.

Una tras otra han perdido las batallas por persuadir a alguien de que el suyo es un esfuerzo legítimo.

Pero sin duda, el rechazo que más les ha dolido, y del cual aún no se recuperan, es el del electorado guatemalteco.

Puesto que son porfiados -o mentalmente incapaces de reconocer error- han persistido en su actitud y pese a todos las frustraciones que genera el gobierno electo, han fracaso en capitalizar el menor apoyo a su causa. Cualquier aspirante a cargo público que exprese respaldo para Consuelo Porras, Rafael Curruchiche o FundaTerror, está condenado a perder en las urnas.

¿Qué les falló a quienes lo han tenido todo para ganar?

Su mediocridad y su falta de honestidad. Los casos que han presentado contra aquellos a quienes persiguen han sido tan débiles y tan notoriamente manipulados que hasta al más crédulo le cuesta confiar en ellos. Han tenido por siete años el control del Ministerio Público, con todos los medios de investigación a su alcance, y no han logrado sustentar, no digamos una sola prueba, siquiera una evidencia o por lo menos un indicio, de sus afirmaciones contra los antiguos fiscales, jueces o magistrados anticorrupción.

Pero sobre todo fallaron al intentar hacer creer a la población en la inocencia de los corruptos. Intentaron reescribir la historia y convertir en víctimas a quienes el guatemalteco no puede ver, sino como ladrones de fondos públicos, victimarios.

Creyeron que era suficiente con copar todas las posiciones de control en el Ministerio Público, en las Cortes y en el Organismo Judicial y en lugar de conseguir persuadir a nadie, generaron la mayor crisis de credibilidad que haya vivido el sistema de justicia.

Para contrarrestar eso de nada sirven sus piruetas, sus ridículas actuaciones ante las cámaras o su pretendida suficiencia.

Son incapaces de convencer -o de divertir- a nadie.