Edgar Ortiz y Goyo Saavedra, los dos abogados jóvenes que encabezaron el proceso por construir una mayoría pro democracia en el Colegio de Abogados, han logrado algo que hasta hace poco era impensable. Superar la decadencia dentro del gremio. De poco valen hoy las cenas de gala, las edecanes, las canastas navideñas, los recuerditos y los almuerzos de carne asada y tortillas con guacamol y queso de Chancol para formar mayoría en el Colegio. Ni siquiera los doctorados que se han repartido a granel hoy persuaden a muchos.

Los liderazgos de Néster Vásquez, Estuardo Gálvez y Roberto López Villatoro languidecen irremediablemente. Tienen fuerza aún, sin duda, pero ya no logran ganar y, por su edad, el futuro es el retiro.

En cambio, es significativo que Melvin Portillo, el secretario de política criminal del Ministerio Público, haya logrado un mejor rendimiento en las urnas que Estuardo Gálvez. Es un abogado joven que ha usufructado su posición de poder en la Fiscalía y es probable que, si el nuevo Fiscal General no encuentra razones para procesarlo penalmente, sea él uno de quienes procuren emular el esfuerzo de las viejas figuras que ya hoy se apagan.

Las principales virtudes de la mancuerna Ortiz Saavedra son, haber tenido claridad desde el principio del objetivo fundamental: liberar de su cooptación a las instituciones en la parte que al gremio le corresponde. Luego, ser abiertos y amplios a la hora de aglutinar a los diferentes grupos en que se organizan los abogados. Por último, reducir al mínimo su atención a los conflictos internos, las luchas intestinas de poder, las ansias de protagonismo de varios de sus colegas.

Pero no todo el mérito es de los abogados que se coaligaron en torno a la idea de rescatar al sistema de justicia de manos de los corruptos.

Consuelo Porras y los suyos, la Fundación del Terrorismo, las élites empresariales y los políticos hoy en la oposición se dedicaron con sus acciones a persuadir a la mayoría de abogados de la ruindad del camino que el país lleva. El fenómeno que se produce dentro del Colegio no refleja otra cosa que a la mayoría despabilada de la sociedad. Seguir por la ruta de premiar con impunidad el robo de fondos públicos hace inviable la función del Estado para resolver los problemas principales del país. Esa ruta solo le sirve bien a quienes se enriquecen con los impuestos y a quienes, a cambio de hacerse de la vista gorda de sus robos y su impunidad, dejan de ser regulados.

Pero lo que inicia hoy, con el triunfo de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo como magistrados a la Corte de Constitucionalidad electos por el Colegio de Abogados, es solo un primer paso.

¿Cómo reformar para devolverle calidad profesional, idoneidad y legitimidad al sistema de justicia? ¿Cómo reducir al mínimo la intervención de los intereses políticos en la designación de jueces y magistrados? ¿Cómo depurar al Organismo Judicial de quienes prevarican abiertamente y usan el derecho como arma contra quienes son vistos como adversarios económicos, políticos o ideológicos?

Esa es la labor más profunda, más compleja, y pasa inevitablemente por sustraer tanto al Colegio de Abogados como a las universidades del rol que la Constitución de 1985 les otorga. Es indispensable lograrlo para impedir que la mediocridad profesional, el abaratamiento de los méritos y la codicia de echar mano del presupuesto sigan rigiendo al Organismo Judicial y a la academia.

Felicitaciones a Edgar Ortiz, a Goyo Saavedra, a todos los líderes gremiales y grupos que los acompañan. Han sido valientes y los ciudadanos estamos en deuda con ellos. Pero les reclamamos mucho más.