La apuesta era lograr que se difundiera ampliamente una sensación de caos a partir de los amotinamientos en las cárceles. Inspirar un sentimiento de riesgo en muchas personas. La apuesta era por aprovechar el desasosiego.

A partir de ahí, crecería el clamor por la renuncia del Presidente.

Una renuncia que al mismo tiempo pedían uno de los líderes de los amotinamientos (el reo Mario Roberto Barneond García) y el presidente de FundaTerror, Ricardo Méndez Ruiz. Al unísono prácticamente.

Pero su pedido no prendió fuego. De inmediato surgió la desconfianza. No podía ser bien visto que los presidiarios quisieran exactamente lo mismo que quienes han promovido un golpe de Estado contra Bernardo Arévalo desde antes que asumiera el poder.
La voz de Sandra Torres opacó -por suerte para ellos- la de otros opositores como Carlos Pineda.

Luego, vino la reacción rápida del gobierno que echo mano del Ejército y mandó a fuerzas especiales de la Policía a retomar los centros penales. La imagen de El Lobo, el líder pandillero Aldo Ochoa, sometido por la fuerza pública marco el cambio de la marea. La orden posterior de ejecutar a agentes de Policía, el asesinato grotesco de diez servidores públicos, despertó gran indignación, pero no contra el Gobierno, como pretendían los golpistas.

La declaratoria de Estado de Sitio y la intervención del Presidente en la cual hizo alusión velada a su antigua contendiente electoral y sus vínculos familiares con el líder del Barrio 18 terminó le habría puesto la tapa al pomo de no ser porque, ante la captura ágil por parte la Policía de pandilleros sospechosos de haber disparado contra los agentes, el fiscal de Delitos contra la Vida del Ministerio Público cometió el deliberado error de su vida. En la opinión pública, pocas personas piensan que su omisión de pedir que se vinculara a proceso a Haroldo Salguero fuera un error técnico. En cambio, se interpreta como un esfuerzo por proteger con delitos menores a uno de los sicarios contra los agentes.

De resultas, el Ministerio Público y la fiscal general Consuelo Porras, que aspira a ser protegida con una magistratura titular o suplente, sea al Tribunal Supremo Electoral o a la Corte de Constitucionalidad, se ha visto en predicamento. Ha tenido que salir a tratar de explicar que su lealtad no está también con los pandilleros. Ya está comprobado que le es leal a muchos de los principales corruptos del país. Pero la idea de que además de Alejandro Sinibaldi y a Miguel Martínez también protege a los mareros la ha colocado en una situación de gran vulnerabilidad.

Hoy será más caro para los magistrados a la Corte Suprema de Justicia o para los integrantes del Consejo Superior Universitario, protegerla con una magistratura.

Y aun así procurarán hacerlo, pero cada vez con la convicción de que ni siquiera esa inmunidad habrá de blindarla realmente.

Todo su equipo, las personas que la ayudaron a actuar en sentido contrario a la justicia, saben que esa cobertura de cualquier modo solo alcanzaría para Consuelo Porras. Los demás quedan expuestos después del 11 de mayo.

La jugada planificada con la participación de los líderes pandilleros en la cárcel fracasó y les generó desgaste mayor. Pero volverán a tratar de impedir que Bernardo Arévalo siga siendo el Presidente cuando llegue el momento de nombrar a un nuevo Fiscal General.

Es demasiado lo que está en juego para que no vuelvan a intentarlo.