Los delegados de las universidades de San Carlos, Panamericana y  De Occidente llegaron a la Comisión Postuladora de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral con el propósito principal de incluir a personas propensas a manipular las elecciones nacionales. Es obvio. Excluyeron a los mejores perfiles, las personas con mayor trayectoria y probada capacidad. En cambio, prefirieron a muchos quienes, por sus acciones recientes, por su experiencia de vida, simplemente no inspiran confianza. Confianza democrática, pues.

Jueces que han ordenado excluir a votantes, a magistrados designados. Actores que han procurado la criminalización de operadores de justicia. Agentes identificados con la arbitrariedad de la dictadura judicial para fortalecer el poder de los más corruptos y los más autoritarios.

Y de acuerdo con la misión de Estados Unidos en Guatemala, agentes del crimen organizado y del narcotráfico también.

Nada de esto es extraño.

El sistema electoral guatemalteco ha sufrido una degradación y una manipulación pasmosa en los últimos años. La exclusión de candidatos por medio de legalismos, el intento de diseñar resultados a conveniencia, el soslayamiento del abuso de fondos públicos y la utilización de programas nacionales para garantizarle clientela a aspirantes a diputados y a alcaldes. La ausencia completa de esfuerzos por convertir en auténticos partidos políticos a meros vehículos electorales.

La falta de acción para integrar a los más jóvenes al electorado.

Peor aún, la indiferencia ante el mayor embate que ha sufrido el sistema electoral guatemalteco en toda su historia.

Después del ataque de Consuelo Porras y los demás golpistas contra los resultados electorales de 2023, el proceso criminalizador contra el partido ganador, la conculcación de las calidades de diputados electos y el escamoteo de sus facultades, tendría que haberse levantado las alarmas de la sociedad democrática y tendría que redoblarse el esfuerzo por recuperar la democracia.

Hay razones esenciales para buscar integrar hoy el mejor Tribunal Supremo.

En cambio, los postuladores ofrecen una lista plagada de cuadros que bien podría contribuir a pervertir más el sistema.

Da vergüenza que solo porque la misión de Estados Unidos levanta la voz contra los postuladores, el sector privado organizado reclame a los diputados que hagan la mejor selección del listado que les ha sido enviado. De no haber sido por la condena de la Embajada, el trabajo de los postuladores sería incluso considerado encomiable.

Washington no hace otra cosa que defender sus intereses: si un país en su periferia insiste en facilitar los mecanismos para darle el control y prometerles impunidad a los más corruptos, en contra de la voluntad del electorado, resulta impensable que la prosperidad alcance a la mayoría y se reduzca el ánimo de migrar hacia el Norte.

El interés de los guatemaltecos tendría que ser mucho mayor. Nos jugamos la posibilidad de vivir en paz, sin ser perseguidos, la opción de darle respuesta con nuestros recursos a nuestros principales problemas.

En lugar de eso, le entregamos a un grupo de fascinerosos la posibilidad de manipular las elecciones.