Roberto Molina Barreto no es el único responsable de la pérdida de credibilidad en la Corte de Constitucionalidad pero es quien mejor personifica el demérito de la institución. Su defensa mañosa del fraude en la Universidad de San Carlos, USAC, le ha puesto la tapa al pomo. Con argucias de leguleyo que contradicen otras resoluciones suyas la mayoría establecida en la recién estrenada magistratura deja en manos de Walter Mazariegos la universidad. Hasta los más conservadores están persuadidos de la burla al procedimiento democrático establecido para elegir rector. Pero Molina Barreto y compañía prefieren que los electores no acreditados sigan un proceso tan largo y complicado, inicialmente en manos del Consejo Superior Universitario que encabeza Mazariegos, que antes terminaría el periodo para el cual ha realizado su segundo fraude que corregir los abusos y la exclusión.

El magistrado, consciente del descrédito, sale a presentarse como víctima incomprendida por los ignorantes o los obtusos seguidores de ideologías exóticas, se enaltece como el único conocedor verdadero del régimen constitucional y advierte que, herido en su dignidad, prefiere apartarse de conocer más acciones respecto a la USAC.  Sólo lo hace cuando el servicio a Mazariegos ha quedado en firme.

Por eso, su esfuerzo por controlar los daños resulta infructuoso.

Mazariegos tendrá ocasión de manipular a su antojo la nómina de aspirantes a Contralor General de la Nación. Presumiblemente, su candidata integrará la nómina a entregar al Congreso. Ahí, diputados como los que eligieron a Molina Barreto para una nueva magistratura, harán lo propio con la candidata de Mazariegos.

El rector impuesto podrá recibir entonces su finiquito y asumir el cargo. Desde esa posición de poder y con tanto ascendiente sobre la contralora podrá ejercer dominio respecto a quién, que haya pasado por la administración pública, merece o no participar en las elecciones de 2027.

Las elites que sostienen a Roberto Molina Barreto presumen que la Universidad de San Carlos es una entidad cuyo desempeño atañe a una pequeña porción de los guatemaltecos. Pero saben bien del rol que la Usac juega en el diseño constitucional del país y han comprendido que la alianza entre su magistrado sectorial y la magistrada de Mazariegos permite mantener dominio sobre el sistema. Ha quedado demostrado ya que aunque se pierdan las elecciones generales el control de la estructura judicial y la Corte de Constitucionalidad son suficientes para frustar cualquier aspiración de cambio. Aunque justo es decirlo, tuvieron la suerte de toparse con un gobernante nada dispuesto a luchar por algún cambio.

Pero las dictaduras siempre enfrentan adversarios.

La petición de una consulta popular para hacer reformas a ese sistema de justicia y a la propia Corte de Molina Barreto, hoy fácilmente controlados para beneficio de unos pocos, puede llegar a convertirse en un desafío de proporciones considerables. Los mismos líderes jóvenes que lograron revertir la tendencia en el Colegio de Abogados a favor de corrientes democráticas, pueden alcanzar el éxito en esa empresa mayor. En cada reto sometido a las urnas que el viejo sistema enfrenta, termina por perder.

La esperanza es que la vida no sea siempre así. Y que figuras como Molina Barreto, que ha saltado a una notoriedad tan negativa, sirvan como inspiradores de ese cambio.