La discusión se encuentra en un punto edificante. Para una sociedad que ha visto con demasiada mansedumbre cómo los administradores de los recursos públicos toman decisiones que le incumben a la mayoría para beneficiar a unos pocos (concesiones para montar hidroeléctricas, entrega de frecuencias de telefonía móvil, de estaciones de radio y televisión, de extracción minera), las cosas son hoy positivamente distintas. Hay interés, hay exigencia de información. Y la autoridad la regatea.

Numerosos actores políticos, periodistas, emisores de opinión y ciudadanos se cuestionan ¿por qué habría de aceptarse mansamente una decisión gravosa de la Municipalidad, una decisión que afecta a la gran mayoría, sin siquiera exigir la información necesaria?

El teleférico de la Roosevelt, airosamente nombrado “Aerometro”, es una solución muy insuficiente para movilizar al volumen de personas que se trasladan en el corredor Este Oeste del área metropolitana. Una gota de agua dulce en el mar. Ocupará un espacio relevante en una ruta ya estrecha para el tráfico vehicular. Y afecta la posibilidad, por tanto, de instalar a futuro un tren de superficie o siquiera una ruta de Transmetro por la misma vía.

Además, servirá para desestimular que se busque una solución más eficiente para movilizar masas bajo el argumento de que no es correcto montarle competencia a un proyecto en funcionamiento.

La opacidad de muchos negocios en torno a TuMuni, desde la emisión de licencias de construcción, la compra de agua a proveedores privados, el manejo de la proveeduría, es el rasgo principal del grupo político que administra la capital.

Por eso los cuestionamientos son legítimos.

¿Es este un proyecto de movilidad urbana -dependiente de una decisión del poder público- atado a un negocio inmobiliario? ¿Hay solicitud de licencias de construcción de edificios de apartamentos en los alrededores de las estaciones del Teleférico de la Roosevelt o hay licencias ya aprobadas? ¿Se ha dinamizado el mercado de bienes raíces en torno a esas estaciones de manera reciente? ¿Se ha producido la compra venta de terrenos a partir de la información  que maneja la Municipalidad sobre este proyecto? ¿Hay capitales vinculados a los funcionarios municipales participando en ese presumible negocio?

Quienes defienden el proyecto del teleférico sostienen que los cuestionadores se oponen al progreso o resultan destructivos antes que constructivos. Pretenden presentar cualquier inversión privada casi como un regalo de buena fe para la ciudadanía. Esa es una manera muy torpe de intentar descalificar unos cuestionamientos legítimos. El vecino es bastante menos ingenuo de lo que se piensa.

Es natural -y deseable- que en cualquier decisión de orden público participen actores privados con el interés lógico de obtener beneficio económico. Pero los intereses privados no deben prevalecer por encima de los de la mayoría. ¿Cuál es la mejor solución para transportar a las 900 mil personas que van cada día desde el corredor de San Lucas Sacatepéquez hasta el área de Pinula? ¿Por qué se decanta la Municipalidad por la que parece ser la opción menos eficaz de todas? ¿Por qué se descartan proyectos con mucho mayor potencial?

Es bueno exigir la información. Y obtener las respuestas.