El aparato estatal de Guatemala es más bien pequeño e insuficiente para las necesidades del país. Pero es tan mediocre e ineficiente que resulta casi imposible persuadir a la opinión pública de la necesidad de incrementarlo. Tristemente, lo es en casi todos los órdenes.

Donde más, donde menos. Son demasiados los maestros imberbes del sistema de educación pública frente a los profesores capacitados y comprometidos. Abundan en el sistema de salud los trabajadores displicentes, frente a quienes se parten el lomo cada día para atender a una legión de pacientes.

Especialmente dañados se encuentran los aparatos de los ministerios vistos como oficinas de negocios para los contratistas e inversionistas, los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones.

Concebidos como parte del botín electoral por todas las administraciones de gobierno anteriores a la del partido Semilla, las plazas de trabajo en el Estado se han llenado a lo largo de los años de compadres, amigos y correligionarios que no hacen examen de oposición, jamás son evaluados para comprobar la actualización de sus capacidades en el puesto y tienden a volverse inamovibles gracias a una legislación laboral que lastra al aparato hasta hacerlo inservible bajo el argumento falaz de defender derechos de los trabajadores.

Por carecer, las instituciones públicas carecen de capacidad de formulación, diseño, gestión y supervisión de proyectos. Su normativa además, empantana cualquier iniciativa y sólo la corrupción, especializada en cumplir formalmente con los requisitos, logra sacar algo adelante.

No es extraño que para atender necesidades urgentes de los guatemaltecos, como las de los damnificados por los temblores de julio pasado en Santa María de Jesús Sacatepéquez transcurran cinco meses sin que la burocracia y los trámites permitan demoler las casas irrecuperables para luego reconstruirlas. La carretera hacia el poblado se ha rehabilitado sólo parcialmente. Por fortuna, en cambio, el servicio de agua corriente se logró restablecer en las primeras ocho semanas después del sismo.

Claro que las cosas han mejorado someramente.

Los damnificados por la tormenta Stan en 2005 necesitaron años para hacer efectiva la ayuda del Estado para reconstruir sus viviendas. Llegó de una manera tan ineficaz, que cuando se entregaron las varillas de hierro el cemento ya era inservible.

Guatemala necesita un aparato estatal mucho más eficiente, técnico, apolítico y en permanente modernización. Ágil por lo demás. Lo necesita tanto para educar a los niños como para diseñar y construir carreteras. Para garantizar el abastecimiento de agua a futuro y para planificar de manera ordenada el crecimiento de sus ciudades, pueblos y aldeas. Lo necesita para salvaguardar el derecho a la propiedad de quienes registran sus bienes y para manejar apropiadamente los desechos sólidos. El país necesita atraer al Estado a cuadros profesionales de gran calidad y remunerarles apropiadamente, incentivarlos a construir una carrera como técnicos dentro de la estructura de la burocracia.

El periodo del presidente Bernardo Arévalo se ha perdido prácticamente sin lograr siquiera que se empiece a delinear la aspiración a un sistema burocrático profesional y técnificado para nuestro futuro. Y es una lástima porque esta es una tarea que sólo va a acometer el gobierno de un partido político con visión de país de largo plazo.

Los vehículos electorales que hasta ahora nos habían gobernado jamás verán este objetivo como algo deseable. Lo suyo es el clientelismo y el enriquecimiento rápido.

Urge que el Presidente hable sobre estas limitaciones e insuficiencias del Estado y proponga un plan para salir de este marasmo.