Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de Thelma Aldana desarrollaron el embate contra la corrupción, y pusieron en evidencia que no sólo los políticos sino también los grandes capitales juegan al mismo juego de la corrupción, una mayoría cada vez creciente y que se manifiesta en los espacios más diversos del país, empuja hacia el cambio. Un cambio en las formas de hacer gobierno. Un cambio respecto a los abusos del poder. Un cambio que traiga consigo efectos reales en el uso de los fondos públicos para el bienestar de las personas.

Y desde entonces, el poder constituido a partir de las élites  (los capitales más relevantes de Guatemala, los políticos y funcionarios con mayor tiempo de presencia en los Organismos del Estado) se empeñan en contener esas ansias de cambio, pero sólo han tenido un éxito relativo.

En su mejor momento con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez al mando, las élites procuraron reproducir las condiciones pre Cicig en el país con un Ministerio Público ciego, sordo y mudo ante la corrupción, con la absolución de los corruptos y con la persecución de quienes los procesaron.

Pero su modelo sólo tuvo un éxito insuficiente. La elección de Bernardo Arévalo como Presidente, pero sobre todo la elección de 23 diputados de un partido ínfimo como el Movimiento Semilla hasta ese momento, así lo ilustra.

Las élites habían usado a todo el entramado institucional, Ministerio Público, juzgados, Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad para desincentivar el triunfo quien promoviera el cambio, pero fracasaron en lo fundamental, convencer a la población de que sus propuestas electorales eran preferibles. El electorado se volcó por la opción que marcaba la diferencia.

Toda la persecución legal, la criminalización, el esfuerzo por satanizar la lucha contra la corrupción y la anulación del partido que ganó las elecciones después de limitar las facultades de sus diputados electos, no ha derivado sino en más de lo mismo; cuando las decisiones de someten a votación más o menos popular, triunfa la opción por el cambio. Lo mismo en el Colegio de Abogados que en los cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos.

Por toda respuesta, los defensores del status quo, los encargados de conservar el sistema tal y como es hoy, se empeñan en reproducir el mecanismo que les ha permitido minimizar los efectos de esa voluntad de cambio expresada en las urnas.

En lugar de reformularse como una o varias opciones que puedan responder a las ansias de mejora, de mayor bienestar de la población, prefieren insistir en el control o captura de las instituciones echando mano de las mismas personas. La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad refleja la incapacidad de las élites de abordar la verdadera batalla. Insisten en repetir la misma Corte actual que les ha sido útil a medias para frenar el cambio. No para desincentivarlo.

Su próximo objetivo será previsiblemente forzar un Tribunal Supremo Electoral que manipule con más eficacia respecto al anterior las siguientes elecciones.

Saben que si permiten elecciones libres, que si autorizan competir a los candidatos a la Presidencia o a diputaciones que apoyan las ansias de cambio de la población, ganarán irremediablemente.

Porque el electorado una y otra vez seguirá exigiendo algo distinto. Y el mayor riesgo para el status quo consiste en que esta vez triunfe un opción política con un líder menos resignado a vivir en el mismo modelo de siempre. O que la población se levante contra un proceso electoral manipulado. Y que aquellos a quienes han encargado la labor de hacer de dique ante la marea, se vean rebasados por la realidad.