El Presidente Bernardo Arévalo ha procurado pasar de puntillas sobre los cristales rotos del sistema legal constitucional del país. Ha preferido no tratar públicamente, mucho menos rehabilitar, a los operadores de justicia que procesaron los graves hechos de corrupción -en su mayoría del gobierno de Otto Pérez Molina- en aras de no irritar a quienes en la élite económica se sienten gravemente lesionados por ellos. Su gobierno les ha dado la espalda. Una deslealtad gigantesca del Estado con quienes han sido sus servidores.

Ha aceptado mansamente la anulación del partido político que lo llevó al poder, la restricción de facultades de los diputados oficialistas electos mediante voto popular, sin recriminar siquiera a los magistrados constitucionales que contra toda razón así lo han dictado.

Ha guardado un silencio de tumba ante la indiferente complicidad de la Corte Suprema frente al comportamiento a todas luces ilegal, anti democrático, de irrespeto del debido proceso de los jueces que conocen los casos de criminalización política. ¿En qué sistema decente de justicia se tolera que en un caso como el del fiscal Stuardo Campo se pospongan una y otra vez las diligencias para prolongar su prisión preventiva? ¿En qué democracia se admite sin rechistar que un juez como el juez Orellana sea asignado veleidosamente para conocer el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán?

Pero Bernardo Arévalo sostiene que, por tratarse de otro poder del Estado, a él no le corresponde hacer ni decir nada.

En realidad, el Presidente ha elegido no dar batalla.

Pero al hacerlo, se decanta a favor de los enemigos de la democracia, de los autoritarios que con toda libertad y sin el menor costo se despachan con las decisiones más arbitrarias.

La justicia en Guatemala es acatada plenamente por el gobierno de Arévalo pese a sus notorias arbitrariedades.

¿Tiene alternativa un gobernante que no quiere romper con el sistema so pena de perder su precioso cargo?

La tiene. Como también tiene una obligación.

Si el Presidente, quien representa la unidad de la nación, sabe que el país se debate entre un sistema de justicia que restringe y limita la democracia a la vez que alienta la impunidad para la corrupción, pero que es bien visto por las elites por considerar que la justicia independiente lesiona sus derechos, ¿no es acaso su obligación convocar a la sociedad a la búsqueda de un sistema en el cual todos los guatemaltecos podamos sentir una mínima confianza? Ese es el esfuerzo urgente por hacer en Guatemala.

A Bernardo Arévalo le corresponde por obligación atizar promover el cambio. No es posible seguir viviendo de espaldas a un problema que nos consume y preferir permitirle a los abusadores que cometan una y otra arbitrariedad alegando la obligación de respetar la independencia de cada poder del Estado.

El país necesita liderazgo frente a su mayor dificultad, no una actitud de avestruz.

El Presidente está llamado a asumir su tarea.