Se consumó el fraude en la Universidad de San Carlos y la semana cierra con amargura. Pero cierra con un costo altísimo para el sistema también. Nadie, ni siquiera los más ardorosos defensores de este régimen de impunidad para la corrupción, pueden argumentar a favor del triunfo de Walter Mazariegos. Eliminar mañosamente a los electores adversos por medio de una regulación hecha a la medida, arrogarse la facultad de desconocer las elecciones en los colegios profesionales y declararse ganador cuando se encuentra en franca minoría es todo lo opuesto a la norma democrática. Tanto el presidente Bernardo Arévalo como su partido, el Movimiento Semilla, sufren una erosión inmensa por su inacción o su acción retardada en el caso de la corriente encabezada por el diputado Samuel Pérez para impedir los abusos de Mazariegos. Ocurrió con Arévalo lo mismo que con Giammatei.

Pero el costo mayor lo lleva la Corte de Constitucionalidad saliente.

Los magistrados aceptaron mansamente que el Consejo Superior Universitario bajo el control de Mazriegos permaneciera sin renovarse pese a una resolución suya que le obligaba a hacerlo. Con esa omisión de la Corte, Mazariegos pudo hacer y deshacer en la normativa electoral universitaria. Eso le dio el margen suficiente para desconocer a los electores de todos los cuerpos electorales que se negaban a apoyarlo.

La Corte de Roberto Molina Barreto, el magistrado promovido por la embajada de Estados Unidos, abrió la puerta para el fraude y se mantuvo en silencio ante los numerosos amparos presentados que buscaban garantizar el registro de los electores opositores.

Esa misma Corte hoy languidece. Pero aún tiene 72 horas de vida por delante. Y en ese periodo puede causar mucho daño y dejar el terreno minado, por ejemplo, para la elección del nuevo Fiscal General de la República o incluso para la instalación de la nueva magistratura constitucional.

El 14 de abril, el martes próximo, se instalará la nueva Corte cuyos magistrados designados ya fueron juramentados. ¿Puede la Corte saliente aún suspender la elección de la magistrada electa por el Colegio de Abogados (Astrid Lemus) o de la abogada designada por el Consejo Superior Universitario (Julia Marisol Rivera)?

¿Puede la Corte de Molina Barreto decretar que un antiguo juez no debe aspirar a la Fiscalía General y de esa manera frenar al candidato favorito del presidente Bernardo Arévalo, el actual ministro de Gobernación Marco Villeda?

La Corte de Molina Barreto aún puede causar mucho daño antes de terminar su periodo y disponerse a iniciar uno nuevo en condiciones de ventaja. Por ejemplo, por medio de la permanencia de uno o dos de los actuales magistrados con quienes, junto a Dina Ochoa, integraría holgada mayoría para ayudar a torpedear cualquier intento de los postuladores a Fiscal General de incluir en la nómina a algún aspirante opuesto a la impunidad para la corrupción.

Las próximas 72 horas, contadas a partir de este día viernes 10 de abril, son de alto riesgo antes de que se instale una Corte sólo parcialmente distinta en donde todo está aún por definirse.

Incluso, con un poco de candor y esperanza, puede soñarse con la revocatoria del fraude de Walter Mazariegos con la magistratura entrante. Son los últimos cartuchos que quedan pararescatar de sí mismo a un sistema de justicia devenido en franca dictadura.