El diputado Samuel Pérez, el fundador del partido Semilla que ahora procura organizar el partido Raíces, le come el mandado al gobierno de Bernardo Arévalo al proponer una pensión universal para el adulto mayor en Guatemala. El Ejecutivo de Arévalo, que heredó el viejo programa de Apoyo al Adulto Mayor de la administración Giammatei (tan abusado durante el proceso electoral para acarrearle votos al partido Vamos) y el cual es un proyecto original de Manuel Baldizón como diputado al inicio del siglo, se ha tardado la mar y sus conchas para hacer su propia propuesta.

Adscrito al Ministerio de Trabajo, el programa en la actualidad está limitado a un poco menos de 200 mil personas a un costo para el estado de Q1.2 millardos al año. Los beneficiarios corresponden a segmentos de población seleccionados sobre todo con criterios clientelares. La propuesta de Samuel Pérez, que sigue la línea de la administración de Andrés Manuel López Obrador, elimina el clientelismo de tajo al hacerlo universal.

En México toda persona mayor de 65 años, que no posea una pensión que rebase la dotación del programa (alrededor de US$160 al mes), recibe el depósito bimensual en su cuenta bancaria.

Una inmensa mayoría de mexicanos, no solo los adultos mayores, agradece esta dotación constante que le otorga un fondo mínimo para su mantenimiento a los ancianos, les concede cierta dignidad y autonomía, y les evita depender por completo de sus hijos y nietos en edad de trabajar.

Además, esa transferencia de fondos estimula la economía de base por incrementar de manera directa el consumo.

El discurso tecnocrático sostiene que reduce la pobreza. Y ciertamente, alivia la situación de vida de casi 12 millones de personas en ese país.

La propuesta para Guatemala solo puede ser mucho más modesta.

Para empezar, la cifra a entregar es de Q500 mensuales (US$65).

Si esta iniciativa fuera aprobada para todos los adultos por encima de 65 años (alrededor de un millón de personas según proyecciones del Censo 2018), el país tendría que dedicar Q6 millardos al año para entregarles esa pensión de Q500 al mes.

Haga las cuentas: el Congreso aprobó un presupuesto de Q148 millardos para 2025. ¿Es viable gastar Q6 millardos al año en esa pensión universal para todos los mayores de 65 años?
Pero si esa cifra se considera demasiado amplia, bien se podría empezar por atender a menos personas. Guatemala tiene  217,863 adultos mayores de 80 años. El país dedicaría casi Q109 millones al mes para cumplir con la pensión de Q500 para todos ellos. Esto  hace un total ligeramente mayor a Q1.3 millardos al año.

También podría atender 396 mil adultos mayores de 75 años. Y gastar Q200 millones al mes en las pensiones. O lo que es lo mismo, Q2.2 millardos al año. Luego, muchas de las personas que se encuentran en estos segmentos de población ya se encontrarán cubiertas por el actual Programa de Apoyo al Adulto Mayor.

El cambio real en el país se daría si logra alcanzar a muchas personas más. Pero eso requeriría recortar otros gastos del Presupuesto.

Pregúntese, ¿estarían mejor gastados esos Q6 millardos en una pensión para los ancianos, por ejemplo, que en los fondos extraordinarios que se adjudicaron a los Consejos Departamentales de Desarrollo -alrededor de Q5 millardos cuya ejecución a estas alturas del año es muy baja-.
¿Es sensato comparar un gasto de inversión presunta (el dedicado a obra pública vía los Consejos de Desarrollo), con una transferencia de fondos a un segmento de población que padece pobreza en su mayoría?

Esas serán solamente algunas de las preguntas que la propuesta de Samuel Pérez plantea al Congreso y al país en su conjunto. Y que, si se difunde eficazmente, le imprimirá una presión no deseada al Gobierno y al proyecto de Presupuesto 2026.