En la cúspide de la dictadura judicial guatemalteca reinan hoy Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y la magistrada Julia Marisol Rivera, designada por Walter Mazariegos mediante un Consejo Superior Universitario integrado de manera ilegítima. Con esa mayoría, que el gobierno y su bancada fueron incapaces de impedir pese a un amplio margen de acción, chocan muchas de las ambiciones democráticas de los guatemaltecos. Desde la aspiración de los jueces de primera instancia de concursar para el cargo de Fiscal General, pasando por el derecho a elegir por mayoría al rector de la universidad de San Carlos, hasta la posibilidad de contar con un Contralor General de Cuentas que procure probidad en el gasto público. Y que no opere como un filtro para impedir las candidaturas a cargo de elección popular de quienes, habiendo manejo dinero de los contribuyentes, se opongan al sistema de impunidad para la corrupción. Su poder es enorme. Y es antidemocrático.

Su aval al fraude en la Universidad de San Carlos los pone notoriamente en evidencia.

Derrotarlos en su objetivo de mantener a Mazariegos como rector se hace necesario y crucial.

Para conseguirlo, ya es obvio que los guatemaltecos no contamos con el Ejecutivo. Bernardo Arévalo dice con toda claridad que se desentiende de esa lucha.

Tampoco se necesita ser muy agudo para percatarse que, mediante el control que ejercen de la Corte de Constitucionalidad, cualquier resolución favorable de un juez o un tribunal para frenar a Mazariegos será inútil. Por eso parece ingenuo y necio que los opositores al rector fraudulento hablen de persistir en plantear más y más recursos e incluso presentardenuncias penales. Por eso, es momento de llamar a la protesta y de disputar el poder real. De salir a la calle a exigir que se cumpla la ley en la elección de rector y de planificar acciones estratégicas que socaven el poder de quienes se roban las elecciones.
Resulta necesario poner en aprietos tanto a Mazariegos y los suyos, a los integrantes de la Corte cómplices del fraude como al propio gobierno de Arévalo complaciente con el robo.

Se necesita un movimiento de gran alcance a nivel nacional.
Quiza no sea necesario tomar control del campus central de la Universidad por resultar ya esto inefectivo. Pero hay que explorar otras vías para hacerle difícil la vida a Mazariegos y a los magistrados que le favorecen para cometer delitos.

Tanto los colegios profesionales, como los catedráticos universitarios y los estudiantes, los tres cuerpos integrantes de la comunidad san carlista a quienes se les veda el derecho de elegir a sus autoridades pueden unirse de manera creativa y efectiva para combatir el fraude. Juntos pueden alcanzar el objetivo pero necesitan planificar con claridad y sagacidad su ruta de acción. Será necesario estudiar qué acciones suyas, dentro del rol que cada uno juega, pueden ser determinantes para minar el poder de quienes se han apoderado de la U. ¿Deben los colegios seguir integrando a profesionales egresadas de la universidad administrada por autoridades ilegítimas?

¿Hay maneras efectivas de arrancarle el control del dinero a Mazariegos y sus secuaces?

A ellos, lo que más le interesa es mantener con normalidad el flujo de fondos. ¿Hay mecanismos para ralentizarlo o incluso impedirlo? ¿Es legal que el Ministerio de Finanzas mantenga los traslados de dinero a una autoridad ilegítima, no electa?

Sería maravilloso ver a Molina Barreto y a sus magistradas acólitas tener que resolver para lograr la reubicación de Mazariegos en la Rectoría y no como hacen ahora que se niegan a atender las demandas de quienes recurren contra el fraude. Igualmente, sería por lo menos interesante ver al Presidente debatir con su gabinete las maneras de sofocar a quienes exigen democracia y contribuir con la represión a que se perfeccione el fraude.

Roto el orden constitucional con unas resoluciones tramposas, toca ser creativos para protestar y combatir las llamas con el mismo fuego.