Una semana después de la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público, la maquinaria de impunidad y de persecución a los enemigos del sistema está desregulada. Se estremece y truena. Necesita un ajuste urgente pero es improbable que pueda obtenerlo. Porque el fiscal Gabriel García Luna ha enviado señales de no estar dispuesto a hacerle un chapuz o aceitar el mecanismo sino por el contrario, parece querer hacerlo estropear.

El gran acuerdo que bajo el liderazgo de Alejandro Giammattei se perfeccionó –con el concurso  y el cabildeo de diputados, magistrados supremos y constitucionales, decanos, alto empresariado y sus factotums de confianza– para garantizar el fin del castigo a la corrupción y la condena efectiva de cárcel o exilio a quienes condujeron el anterior esfuerzo de ponerle freno a los corruptos, ha perdido una pieza clave. Está averiado pero no por completo. Todavía funciona suficientemente bien para que el juez de extinción de dominio, enviado a sustuir a Marco Antonio Villeda justo para este tipo de tareas, pudiera coronar la protección preventiva de la finca con mansión campestre del ex presidente Giammattei. Es sólo una incordía que esos periodistas independientes sigan publicando sobre la súbita bonanza de los amigos más cercanos de Miguelito Martínez, la pareja sentimental del ex presidente y el principal beneficiario de los negocios de ese gobierno. Les ha ido muy bien a los amigos de Miguel. Lo mismo compran casas en condominios elegantes de la Antigua que estrenan una propiedad con piscina en Alicante, España.

El sistema todavía procura por estos días adelantarse a cualquier cambio de posición del nuevo Ministerio Público a favor de una ex fiscal criminalizada como Virginia Laparra y apresura, después de retrasarla por más de un año, la vista pública de su recurso de Casación. Además, procura marcarle un límite al Fiscal General respecto de la revisión de casos (absolutorios para los corruptos, criminalizadores para los operadores de justicia que los procesaron) de la admnistración de Consuelo Porras. A diario se leen las monsergas de los estrategas de la impunidad para la corrupción que se refieren al presunto error -y los delitos- en que puede incurrir el nuevo jefe del Ministerio Público si da marcha atrás en lo que hizo su antecesora.

Pero al remover a Rafael Curruchiche el fiscal García Luna ha dejado claro que no comparte y es crítico de la gestión del operador estrella de las elites pro impunidad para los corruptos (y para sí mismos).

Es previsible que el proceso de liquidación de esa fiscalía, caída en descrédito según el nuevo Fiscal, pero elevada a los altares por quienes se beneficiaron con su calculada negligencia, traerá consecuencias penales para sus integrantes.

Pero es cierto que la dictadura de la impunidad cuenta todavía con gran dominio sobre el Organismo Judicial y muchos de sus jueces y magistrados de Apelaciones le siguen siendo leales. Por eso la Sala Tercera le entrega a un juez célebre por su simpatía con quienes detestan el triunfo electoral de Bernardo Arévalo, el proceso contra dos líderes indígenas que defendieron los resultados electorales como Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Saben que cuentan a su favor con mayoría en la Corte Suprema e, in extremis, cuentan con mayoría en la Corte de Constitucionalidad. Pero temen que esta no dure para siempre pues la permanencia del rector Walter Mazariegos en el cargo mediante una elección fraudulenta, es precaria. Como precaria y vulnerable es la designación de la magistrada constitucional por parte de un Consejo Superior Universatario integrado de manera ilegítima.

Además, es previsible que ya sin una Fiscalía dispuesta a perseguirlos, un número creciente de jueces se atrevan a contravenir los intereses de los magistrados Supremos.

¿Se atreverá en estas nuevas circunstancias la Corte de Constitucionalidad, el cartel de los magistrados del Home Justice, a garantizarle impunidad plena a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Baldizón en el caso Odebrecht? ¿Se animarán a absolver a los grandes corruptos del caso Construcción y Corrupción?

El clima que se vive hoy no es el mismo de hace sólo una semana.

La maquinaria de la impunidad ya no funciona como funcionaba.