Juana Alonzo Santizo cumplirá 36 años el próximo domingo. Posiblemente no lo celebrará, pero su familia lo conmemorará con actividades en la plaza central de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, de donde partió hace 7 años con el anhelo de reunirse con dos hermanos que viven en Atlanta, Estados Unidos. Un sueño que se quedó frustrado en Reynosa, Tamaulipas, México, donde permanece detenida desde que una migrante salvadoreña la acusó de ser secuestradora, cuando en realidad, Alonzo, solo sobrevivía en un casa donde los traficantes de personas o “coyotes” la retuvieron con la promesa de llevarla a Estados Unidos.

Entre el 21 y 25 de febrero pasado se efectuó una audiencia en el juzgado de Primera Instancia de lo Penal en Reynosa, después de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, aceptara revisar el caso a petición del Instituto de la Defensoría Pública, entidad mexicana que asumió la defensa de la guatemalteca, según lo que documentó el medio digital Prensa Comunitaria.

En las próximas audiencias los abogados de Alonzo Santizo buscarán que se desestime el delito de secuestro para lograr su libertad.

Durante los 7 años que ha permanecido en prisión, solo ha tenido una visita de su padre y una comunicación telefónica con miembros de su familia el  25 de febrero pasado. Desde esa llamada, su hermano Pedro Alonzo, está preocupado porque no sabe cómo siguió de salud.

«Estaba mala de la presión, porque imagina que te vuelven a recordar todo lo que te pasó, uno se pone triste y se acelera el corazón».

La pesadilla de la migrante guatemalteca comenzó cuando un coyote le cobró Q15 mil por llevarla a los Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera fue albergada en una casa donde había más migrantes. Alonzo Santizo, al igual que los que estaban antes que ella, debía esperar su turno para que el “coyote” la guiara por el desierto hasta territorio norteamericano.

Los días pasaron y para su mala suerte cuando le llegó su turno se enfermó. El coyote que la llevaba la obligó a trabajar en la limpieza de la casa a cambio de alimentos y con la promesa de que la guiaría a su destino cuando se recuperara, pero eso no sucedió.

Al mismo refugio llegaron dos salvadoreñas con sus hijos. Al transcurrir los días una de ellas pensó que estaba secuestrada por el tiempo que llevaba en espera de que la guiaran por el desierto, entonces denunció la situación a la dueña de la vivienda, quien de inmediato llamó a la policía y efectuaron un operativo. Alonzo no pudo defenderse pues solo habla el idioma maya chuj, por lo que fue encarcelada aquel 10 de noviembre de 2014.

Familiares de Juana Alonzo Santizo piden que sea liberada de un delito que no cometió.

Pedro Alonzo recuerda que ese mismo día la policía estatal de México se comunicó con ellos y les pidieron 20 mil pesos mexicanos para liberarla de inmediato, lo mismo que les pidió un abogado, en total pagaron 40 mil pesos mexicanos, unos Q15 mil.

«Se juntó la familia y pudimos depositar el dinero, después no hicieron lo que prometieron, simplemente se quedaron con ese dinero,  después supimos por medio de un abogado que cuando la capturaron fue torturada, golpeada y le apuntaron con una pistola».

Varias fueron las causas por las cuales el caso de Alonzo Santizo se ha retrasado. La más importante es que no tuvo acceso a un intérprete para defenderse a tal punto de que aceptó su culpabilidad. A eso se suma que las partes involucradas, e incluso el Juez, no entendían lo que decía  por lo que solicitaron una intérprete que llegó en 2018, y a quien la familia de Alonzo le pagó los gastos de alimentación y hospedaje, pero no continuó el caso.

La dueña de la casa donde estaba Juana Alonzo, la migrante salvadoreña que la acusó  y los policías que la detuvieron, se han excusado para no presentarse a las audiencias programadas con anterioridad. Luego en 2020 la pandemia dilató aún más los procesos.